Campo presenta ante Conde-Pumpido su abstención para deliberar sobre la amnistía del 1-O en el TC

El magistrado izquierdista del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, ha presentado esta mañana un escrito al presidente del Tribunal de Garantías Cándido Conde-Pumpido en el que comunica su abstención del conocimiento de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía del 1-O.

El exministro de Justicia socialista del Gobierno de Pedro Sánchez plantea su abstención basada en lo establecido en los artículos 22 y 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en los artículos 217 y 219.10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta abstención será deliberada en el Pleno del Tribunal Constitucional previsto para la próxima semana, junto con los demás asuntos del orden del día.

El pasado mes de julio, la Sala Penal del Tribunal Supremo presentó la citada cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley de Amnistía elaborada por el Ejecutivo al considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El Alto Tribunal también sostenía que la amnistía afecta a los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama; y que, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional.

El tribunal tomaba esta decisión al examinar el recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados por unos hechos ocurridos en Girona en octubre de 2019, tras publicarse la sentencia del Supremo sobre la causa del procés, consistentes en el lanzamiento de piedras o trozos de piedra contra los Juzgados de dicha ciudad. La Sala dio el pasado día 10 de julio un plazo de diez días a las partes para alegaciones sobre la presentación de la cuestión. Por el Ministerio Fiscal, en escrito de fecha 15 de julio del presente año, se consideró que resultaba pertinente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, mientras que la representación del condenado consideró que no concurrían las circunstancias para hacerlo.

"La norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. El sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática, con el efecto añadido de introducir una suerte de factor criminógeno", afirmaba el Supremo.

"No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado. Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo, --no tan fácil de conseguir y preservar como la perezosa costumbre suele hacernos creer--, los que están aquí en cuestión", añadía.

La Sala consideraba "transgredidos" los límites constitucionales y afirma que no alberga duda alguna acerca de la inconstitucionalidad de la norma cuestionada: "No presentamos una duda, en el genuino sentido del término, interesando que la misma pueda ser despejada. Tenemos la absoluta convicción de que la norma cuestionada vulnera, al menos, los preceptos constitucionales que se dirán. Diferente, --y plenamente razonable en la estructura constitucional cuya protección a todos nos concierne--, es que nuestro criterio, correcto o errado, no resulte decisivo. Es en exclusiva al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciarse con eficacia al respecto".

Recordamos que el pasado mes de noviembre, Campo anunció su intención de apartarse en la futura deliberación sobre la amnistía con el objetivo de intentar preservar "la imparcialidad" del tribunal. Campo concedió como ministro los indultos a los golpistas del 1-O y se pronunció públicamente en contra de la amnistía.