Podemos ya negocia directamente con Sánchez y exige otro duro golpe a Israel como prueba de entendimiento
El objetivo de Podemos es que el Gobierno respalde un documento en el que se tache al Ejecutivo israelí de "presunto criminal de guerra".
Podemos disfruta de su goleada a Yolanda Díaz en la tramitación de los recientes decretos urgentes anticrisis y ya quiere más. La formación morada fue capaz de tumbar el decreto procedente de Sumar y con el que la vicepresidenta pretendía mostrar su fuerza de cara a las elecciones gallegas. Pablo Iglesias dictó el bloqueo al plan de Yolanda Díaz de ampliar el subsidio de desempleo y ahora quiere certificar que el interlocutor directo de Podemos es Pedro Sánchez y su Gobierno. Por ello, acaba de exigir al presidente un gesto: un nuevo golpe a Israel en un momento en el que el Gobierno judío considera que se destensa el ambiente y que por lo tanto puede volver a tener relaciones diplomáticas normales con España. El gesto es duro: respaldar un documento en el que se tacha al Ejecutivo israelí de "presunto criminal de guerra".
El documento ya ha sido registrado en el Congreso de los Diputados y reclama el respaldo del Gobierno para restringir las relaciones comerciales con Israel.
Todo el texto está plagado de insultos a Israel y equiparaciones entre los actos de un grupo terrorista -Hamás- y un estado democrático que se defiende de oleadas continuas de asesinatos. Equiparaciones que, sin embargo, desaparecen en el momento en que sólo se califica y se piden sanciones contra Israel. Podemos asegura que "con el estallido de los combates entre el brazo armado de Hamás —actor no estatal— y el ejército israelí el pasado 7 de octubre, Israel inició una ofensiva militar y un asedio sobre la totalidad de la Franja de Gaza que dura ya dos meses y medio y engloba bombardeos indiscriminados de norte a sur, el corte de todos los suministros y comunicaciones con la Franja y las incursiones terrestres del ejército en el norte y en el sur del enclave".
Los de Ione Belarra y Pablo Iglesias añaden que "las víctimas de la ofensiva israelí sobre Gaza son, en su inmensa mayoría, víctimas civiles. Desde el inicio de los bombardeos el pasado 7 de octubre las autoridades de la Franja han registrado cerca de 20.000 víctimas mortales, casi la mitad de ellas niños, niñas y adolescentes. Esta cifra tan solo incluye las víctimas directas de los bombardeos; no a las personas sepultadas bajo los escombros o las asesinadas por inanición, deshidratación o falta de atención médica, por lo que el número total de víctimas es aún mayor". Ahí ya, directamente, Podemos toma como buenos los datos palestinos y ni cita la matanza de Hamás en Israel.
Ruptura con Israel
Podemos continua con un relato que resultará duro de tragar para el Gobierno si quiere mantener relaciones con Israel: "El grado de destrucción en la Franja es total, especialmente en el norte. Unos 40.000 edificios residenciales han sido destruidos por los bombardeos: tan solo en la ciudad de Gaza la destrucción de edificios alcanzó el 28% del total. El objetivo aparente es hacer el territorio inhabitable. También han sido destruidos hospitales, escuelas y mezquitas que han sido objeto de ataques deliberados por parte Israel. Entre ellos destaca el asedio al
hospital de Al-Shifa, el mayor complejo sanitario de Gaza, a mediados de noviembre,
durante el cual murieron decenas de pacientes que no pudieron ser evacuados, incluyendo
bebés prematuros en incubadoras, así como personal médico del hospital. Israel está
negando a la población de Gaza la opción de buscar refugio y protegerse de la ofensiva y
el sistema humanitario ya está colapsando en todo el enclave". Todos esos datos están siendo divulgados por las fuentes palestinas.
Pero Podemos quiere acciones concretas por parte de España: "Por otro lado, España es una gran compradora de armas israelíes. Según la información publicada por elDiario.es, entre 2011 y 2021, España compró material de guerra a Israel por al menos 268 millones de euros, aunque la cifra real podría ser el doble o el triple. El pasado mes de noviembre conocíamos que el Ministerio de Defensa había adquirido misiles anticarro Spike LR2 por valor de 287,5 millones de euros. Como signataria del Tratado sobre el Comercio de Armas, España está sujeta por una serie de obligaciones en relación al comercio de armas con Israel. El artículo 2 de dicho
Tratado define las transferencias de armas como las actividades de comercio internacional
que abarcan desde "la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje".
Las prohibiciones de transferencias establecidas en el artículo 6 del Tratado también son
aplicables, pues, a las importaciones de armas convencionales".
Y es que el partido de Belarra e Iglesias afirma que "el hecho de importar y/o fabricar material en filiales israelíes y contribuir a su industria armamentística implica un gran riesgo de contribuir a la fabricación de armas que acaben siendo usadas en para cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio así como de graves vulneraciones de derechos humanos".
Y, por todo ello, Podemos pide "proceder a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel hasta que cese la ofensiva sobre Gaza y Cisjordania; efectuar la suspensión inmediata del comercio de armas con Israel; redoblar los esfuerzos para lograr la apertura de corredores humanitarios y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, incluyendo la coordinación a nivel europeo para el envío conjunto de ayuda y su lanzamiento por vía aérea sobre la Franja; promover en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones económicas ejemplares contra los responsables de los crímenes cometidos en Gaza —y en toda Palestina— desde el 7 de octubre, incluyendo autoridades del gobierno de Israel y colonos de asentamiento ilegales"; y, entre otras cuestiones, "promover la suspensión del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea e Israel y apoyar la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre, y los procesos de rendición de cuentas de sus responsables ante la Corte".
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