Interior redactó su nota para golpear a Jucil antes de ver el rechazo general de la Guardia Civil a los cupos feministas
Utilizó a antiguos guardias civiles que fueron expulsados del cuerpo en los años 90 y cuya rehabilitación iba asociada a los cupos feministas.
Este pasado jueves por la tarde el Consejo de la Guardia Civil debatía y votaba la nueva Ley de Personal de Pedro Sánchez que obliga a privilegiar a mujeres con peor nota, discriminando a aspirantes masculinos en el cuerpo. El ministro Fernando Grande-Marlaska había preparado una trampa para la asociación mayoritaria de la Benemérita, JUCIL, por oponerse a los cupos feministas y por muchas otras cosas como defender la Constitución, oponerse a la eliminación del delito de sedición, rechazar la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y manifestarse en las calles en defensa del Estado de Derecho, la Carta Magna y la unidad de España.
La trampa consistía en rehabilitar a un grupo de guardias sancionados y expulsados injustamente en los años 90 y meter esa medida en la misma ley de los cupos feministas, de forma que, o se aprobaba todo o se rechazaba todo. Marlaska conocía la oposición de JUCIL a esa reforma legal y pretende lanzar una campaña mediática asegurando que JUCIL, por rechazar la norma, no defiende los derechos de esos agentes.
La parodia llegó al absurdo cuando en la reunión del Consejo de la Guardia Civil, los representantes del Ministerio del Interior constataron que la oposición era firme, de JUCIL, y de la inmensa mayoría del resto de asociaciones, hasta el punto de que sólo AUGC, la asociación más cómoda con las reformas del Gobierno, votó a favor del proyecto de Pedro Sánchez.
Pero esa misma parodia llegó al ridículo absoluto cuando los asistentes a la reunión comprobaron la velocidad de publicación de una extensa nota de prensa preparada por el Ministerio ignorando todo lo ocurrido en el Consejo y dando la sensación de una calma plena entre los representantes profesionales de los guardias. Y es que la nota de prensa vio la luz en el mismo momento en el que abandonaban la cita gracias a que había sido redactada previamente. Y fue así, básicamente, porque Interior tenía claro que iba a imponer la reforma sin tener en cuenta, ni lo más mínimo, el parecer de los guardias civiles.
La nota de prensa señalaba, de este modo, de forma instantánea a la finalización de la reunión, que "el Pleno del Consejo de la Guardia Civil avala el proyecto de modificación de la Ley de Personal". Eso sí, dentro del texto sólo se hablaba de que se había "debatido" el texto, sin poder citar la votación porque se había redactado previamente la nota.
"El proyecto de Ley de Personal incluye medidas de acción positiva para las mujeres en el ingreso en la escala de cabos y guardias y para los procesos de promoción profesional; la adaptación de la equivalencia de la enseñanza de formación de las distintas escalas y el reconocimiento de la misma protección a las víctimas de acoso que para las de violencia de género, entre otras", señalaba la nota.
El redactado detallaba: "El Consejo de la Guardia Civil, presidido por la directora general, ha debatido en la reunión del Pleno Ordinario, el proyecto de modificación de la Ley de Personal ante la necesidad de realizar un conjunto de modificaciones dirigidas a mejorar la política de personal. En total, se modifican 38 artículos y 1 disposición adicional y se incorporan 5 artículos nuevos, 4 disposiciones adicionales y 2 transitorias. Este proyecto de modificación de la Ley, una vez pasado por el Consejo de la Guardia Civil, seguirá la tramitación ordinaria de cualquier ley".
La nota daba su versión, igualmente, sobre "igualdad de género": "Entre las modificaciones más destacadas, en materia de igualdad de género, se incluyen medidas de acción positiva para las mujeres en el ingreso en la escala de cabos y guardias y para los procesos de promoción profesional con un porcentaje de referencia entre el 25-40% de las plazas convocadas, con el objetivo de llegar al 40% de presencia de mujeres en la escala de cabos y guardias".
La nota añadía que "estas medidas de acción positiva serán temporales, es decir, de aplicación hasta asegurar la existencia de una masa crítica de mujeres, en este caso, del 40%. Entonces, hasta alcanzar el porcentaje que se fije cada año (por ejemplo, un 25%, un 30% o un 40%), las mujeres tendrán preferencia sobre los aspirantes hombres siempre que, superado el aprobado, la diferencia de puntos entre ambos no sea superior al 15%".
El texto de la nota sí dejaba ya constancia de la trampa de Marlaska a JUCIL bajo el título: "Rehabilitación a antiguos guardias civiles": "En la nueva Ley se añade también una Disposición adicional en la que se recoge la rehabilitación de las sanciones de separación del servicio a los militares de carrera que fueron sancionados por llevar a cabo acciones de promoción y defensa de intereses de naturaleza profesional, en un ámbito distinto al del derecho de asociación profesional".
"La rehabilitación de las referidas sanciones de separación del servicio se realizará a instancia de los interesados o sus causahabientes, en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, con reconocimiento del empleo que les hubiera correspondido por antigüedad. El tiempo de separación del servicio les será computado a todos los efectos, con excepción de la percepción de haberes. No obstante, se procederá a actualizar las pensiones que se vieran afectadas por este reconocimiento de servicios".
Y es que esa pieza era clave en el deseo de golpear mesiánicamente a JUCIL. La Guardia Civil no siempre ha tenido reconocido su derecho de asociación. De hecho, a principios de los noventa y cuando gobernaba el PSOE con Felipe González, un grupo de guardias civiles fue sancionado y apartado de las labores del cuerpo por lanzar las asociaciones de la Guardia Civil. La Justicia dio años más tarde la razón a esos guardias y reconoció el derecho de asociación. Pero nunca indemnizó ni restituyó a los guardias injustamente sancionados y separados del servicio.
Ese asunto ha sido reivindicado históricamente por las distintas asociaciones de Guardia Civil y por JUCIL desde su nacimiento. Hasta el punto de que JUCIL ha reclamado formalmente la indemnización correspondiente y readmisión de ese grupo de guardias injustamente privados de sus derechos.
Los distintos Gobiernos se han negado a restituir los derechos de aquellos guardias hasta ahora. Y, en ese contexto, llegamos al momento actual, donde JUCIL, al rechazar los cupos feministas por votar no a la norma, aparentemente ha rechazado la restitución de los guardias civiles sancionados injustamente, cuando lo cierto es que desde que nació esta asociación ha peleado por la restitución de sus derechos.
Pero eso, a ojos de Marlaska es lo de menos: porque ha diseñado toda una campaña mediática para dar visibilidad a la recuperación de los guardias afectados destacando que JUCIL ha votado en contra. Con un fin: conseguir vaciarles de afiliados y llevárselos a asociaciones más cómodas para el Gobierno. Toda una farsa diseñada para atacar a JUCIL. Eso sí, se le ha fastidiado el plan a Marlaska porque sólo AUGC ha respaldado la medida.
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