Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Libertad Digital denuncian la desigualdad de trato entre las denuncias presentadas en su día contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, por los contratos suscritos durante la pandemia de la covid-19 y la denuncia que afecta ahora al contrato sanitario vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para evidenciar esta situación, la presidenta madrileña presentaba este jueves una nueva denuncia ante Anticorrupción sobre 12 contratos del Ejecutivo.
La Fiscalía Anticorrupción decidía abrir diligencias de investigación sobre el contrato del hermano de Ayuso el pasado 22 de febrero. Según el decreto firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, las hipótesis planteadas en las denuncias por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid "se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada".
Las fuentes consultadas por LD aseguran que las denuncias que se presentaron contra el Gobierno por los contratos de la pandemia, hasta que llegó la de Ayuso, "se metieron en el cajón o se archivaron justificando la situación excepcional de la pandemia. Nunca se supo más de ellas, en Anticorrupción existe mucha opacidad. Sorprendentemente, ahora se presenta una denuncia que afecta a Ayuso y se abre una investigación una semana después, a pesar de que el fiscal jefe no aprecia indicios delictivos. Es una contradicción y da la apariencia de que se está efectuando una investigación prospectiva".
"Tampoco es habitual que el propio jefe Anticorrupción decida hacerse personalmente cargo de la investigación de la denuncia justificándolo en ‘la indiscutible trascendencia social’, es una anomalía estadística. Además, es discutible que Anticorrupción sea competente en lugar de la Fiscalía de Madrid", añaden.
Las mismas fuentes apuntan a este diario que al tratarse de unas diligencias preprocesales, "deben resolverse lo antes posible. Es un caso sencillo, apenas hay que realizar tres diligencias. Debería estar resuelto en el plazo de un mes. No tendría que dilatarse más". Hasta el momento, Anticorrupción no habría efectuado ninguna diligencia, pero se realizarán próximamente.
"Existe temor a la que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, convierta esta investigación en otro caso como el del rey emérito Juan Carlos I. Es decir, que se mantenga durante meses artificiosamente la investigación, esperando al momento que a Delgado le convenga o en el que puedo hacer más daño al PP y a Ayuso para adoptar una decisión. El caso está en manos de la fiscal general y encima Luzón está pendiente de renovar su cargo de fiscal jefe Anticorrupción en los próximos meses", recalcan.
Tal y como desveló este diario, Delgado archivó la investigación al rey emérito después de 21 meses, a pesar de que el Ministerio Público había constatado a los pocos meses de iniciarse que no se podía imputar al monarca al haber prescrito los delitos o porque era inviolable al ser el el jefe del Estado en la fecha en la que los cometió.
Este viernes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmaba que "lo que debe hacer la señora Ayuso es ir a declarar a la Fiscalía Anticorrupción cuando la llamen". Unas sorprendentes declaraciones en las que Llop se muestra segura de que Ayuso va a ser llamada a declarar por Anticorrupción, a pesar del estado embrionario de la investigación.
Ayuso contraataca en Anticorrupción
Este mismo jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso decidía contraatacar judicialmente y presentaba una denuncia ante la propia Fiscalía Anticorrupción en relación a 12 contratos del Gobierno de Pedro Sánchez adjudicados durante la pandemia, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
Dichos procedimientos ascienden a 326 millones de euros y fueron concedidos a "siete empresas relacionadas con el presidente Pedro Sánchez, el exministro de Sanidad Salvador Illa o la vicepresidenta Nadia Calviño", destacaba Isabel Díaz Ayuso. Según la presidenta madrileña, el objetivo es demostrar que Anticorrupción investiga también los contratos sanitarios que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.