El aumento de la inseguridad en Barcelona reaviva la petición del segundo juzgado para juicios inmediatos

Barcelona vuelve a ser la capital del delito. Carteristas, tironeros, relojeros y descuideros vuelven a campar por el centro de la capital catalana, a merodear por los hoteles de lujo, a hacer de las suyas en las estaciones del transporte público y a acumular antecedentes. El Ayuntamiento de Ada Colau niega el problema y se desentiende por completo de la seguridad ciudadana. No aporta datos ni permite que la Guardia Urbana informe sobre el fenómeno.

Sin embargo, la consejera de Justicia de la Generalidad, Lourdes Ciuró, y representantes de hosteleros y comerciantes han puesto una cifra al problema. Hay un repunte tal de casos de delitos en la ciudad que los juicios por hurtos inferiores a los cuatrocientos se demoran más allá de los cien días. De ahí que hayan solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la reapertura del segundo juzgado para los procedimientos abreviados relacionados con esos robos y también con los robos con violencia y aquellos delitos en los que el autor es detenido in fraganti.

Como era de prever, la caída de actividad derivada de la pandemia forzó a muchos delincuentes a abandonar su principal base de operaciones, Barcelona, pero con los primeros turistas han vuelto estos personajes con decenas y en algunos casos cientos de antecedentes a sus espaldas. Y son tan "productivos" que están provocando el colapso de los juzgados.

De ahí la petición de diversas entidades a la Generalidad, al TSJC, a la delegada del Gobierno para que se agilicen las medidas judiciales, aumente el número de efectivos policiales y se introduzcan cambios en el Código Penal para afrontar la multirreincidencia. Se trata de la patronal Foment del Treball, el Círculo de Economía, la Cámara de Comercio, Turismo de Barcelona, el Gremio de Hoteles, el de Restauración o los comerciantes del paseo de Gracia, entre otros.

Según explican estas organizaciones la ley prevé que los juicios inmediatos se llevan a cabo en un plazo no superior a los diez días, pero esa previsión está absolutamente desbordada en Barcelona. Como en 2018 el plazo llegó a alcanzar los once meses se abrió un segundo juzgado que, con la pandemia, dejó de funcionar.