La Fiscalía del Tribunal Supremo aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. en la actuación del diputado del PP, Alberto Casero, en su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres).
El Ministerio Público ha elaborado un informe después de que una juez de Trujillo elevara exposición razonada al Supremo en la que pedía que se tomara declaración como investigado a Casero. El diputado del PP se queda así al borde de la imputación.
Dicho escrito se conoce después de que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Trujillo, apoyándose en el informe del Ministerio Público, instara al Alto Tribunal a investigar a Casero, que ha sido la mano derecha del que fuera secretario general del PP Teodoro García Egea y responsable, por su ‘error’ en la votación, de que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante.
Las diligencias previas contra Casero se incoaron por la denuncia presentada por la Fiscalía a la luz del estudio de diversos contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero como alcalde de Trujillo durante 2017 y 2018. Entendía la magistrada que pueden existir "indiciaria responsabilidad penal" del diputado, aforado por ser diputado electo por Cáceres.
La exposición apunta que se ha acreditado a lo largo de la investigación que Casero el 3 de marzo de 2017 contrató a Pablo Bonilla en calidad de psicólogo para asistir a mujeres víctimas de violencia de género, que éste cobró facturas por esos trabajos por importe de más de 6.000 euros a pesar de estar dado de baja de la Seguridad Social, y que firmó con él un contrato menor en agosto de ese año por valor de 18.000 euros anuales.
Según indica, Casero "no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto". Tampoco consta que Bonilla realizara los servicios por los que presentó factura y eso que ese tipo de actividad se canalizaba a través de la Comisión de Violencia de Género "a la que no le consta ninguna actuación" por parte de esta persona.
Recoge la exposición que, además, Bonilla acabó reclamando parte de las facturas que no había cobrado por la vía judicial y que de hecho hubo condena al ayuntamiento para que se las abonara.
Convenio con la Cámara de Comercio de Perú
El escrito remitido al Supremo indica asimismo que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú que llevaba aparejado un contrato por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.
Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Recuerda el escrito de la juez que ese convenio no fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía y no se sometió a información pública ni se publicó en el BOE. Añade que ese contrato no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y por tanto precisaba licitación.
La exposición razonada recuerda que la Cámara de Comercio de Perú reclamó facturas por importe de 15.000 euros que no fueron abonadas por el consistorio ya que existía una nota de reparo del interventor
El juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala 'Pop Eye' a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Pero una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente. Y en 2018 firmó el convenio y se comprometió a aportar otros 9.000 euros por otros costes, pero el ayuntamiento no abonó nunca esas facturas.
También en 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales, y resultó inadecuado porque era un servicio periódico y previsible año tras año.