El separatismo hiperventila con la investigación de la Fiscalía de delitos de odio del linchamiento digital al que fue sometida la familia que consiguió la implantación de un 25% de clases en español en una escuela de Canet de Mar, en Barcelona. Que se haya llamado a declarar a una veintena de individuos que emitieron mensajes de Twitter en los que se animaba a aislar al niño, se instaba a apedrear el domicilio familiar y se "invitaba" a la familia a irse a Madrid ha disparado las alarmas en Plataforma per la Llengua, la entidad que espía en qué idioma hablan los niños en el patio.
La consigna en los medios nacionalistas es que los tuiteros criticaban la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de horario lectivo en español, una medida que según los partidos y sindicatos separatistas y de izquierdas supone en la práctica eliminar la inmersión lingüística. En ningún caso se refieren a mensajes como "Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño. Que se vayan de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian".
O como aquel otro que proponía hacer el vacío al niño: "Que esté solo en clase durante el rato de castellano".
Los partidos y organizaciones independentistas consideran que los tuiteros son las "víctimas" de una "macrocausa". Plataforma per la Llengua les ofrece asesoramiento y amparo legal mientras se deslizan comentarios en tertulias y programas de radio que comparan las diligencias judiciales de la fiscalía con los procedimientos de la Rusia de Putin.
El fiscal especializado en delitos de odio abrió diligencias el pasado enero tras un linchamiento en redes contra la familia de Canet de Mar que incluyó la publicación del nombre del padre y señas para identificar su vivienda, en un digital de orientación independentista. En su defensa, los medios independentistas alegan que las denuncias provienen de Vox y de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, entidad a la que tachan de extrema derecha.
Que algunos de los que emitieron amenazas e insultos contra todos los miembros de esa familia de Canet de Mar hayan sido llamados a declarar se considera en el separatismo una "persecución de la fiscalía" contra los críticos con el fallo del 25% de español en clase.
Mientras tanto, entre las jornadas de huelga anunciadas por los sindicatos se incluye un día, el 23 de este mes, para protestar contra la sentencia, cuya entrada en vigor debería ser inminente, a finales de marzo según la resolución judicial. Otros cinco días, 15, 16, 17, 29 y 30 de marzo, son de huelga para protestar contra el anticipo del curso escolar decretado sin consultas previas por Pere Aragonès y el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray.