La Sala Penal de la Audiencia Nacional asfixia la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación ordenada por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Manuel García Castellón, sobre la financiación ilegal de Podemos. Una investigación emprendida tras las declaraciones realizadas en sede judicial por el ex jefe de los servicios de Inteligencia de Venezuela, Hugo ‘el pollo’ Carvajal.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por Libertad Digital apuntan que la Sección Tercera de la Sala Penal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ha estimado su recurso y ha anulado las diligencias solicitadas por el Juzgado de García Castellón, a excepción de que la Policía investigue la veracidad de hechos relatados por los testigos. Recordamos que la causa aún continúa secreta. El Ministerio Público alegaba en su recurso que las diligencias ordenadas por el magistrado tenían carácter prospectivo y excedían el objeto del procedimiento.

El Juzgado de García Castellón ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) investigar las transferencias por valor de 142.000 dólares que recibieron del régimen chavista los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. Dichos fundadores de la formación morada recibieron los fondos de la empresa Viu Comunicaciones.

También se ordenaron una serie de diligencias más con el objetivo de acreditar los datos y las afirmaciones en sede judicial de el Pollo Carvajal. Concretamente, practicar pesquisas relacionadas con las estancias de Juan Carlos Monedero en Venezuela y sobre su papel como recaudador de los fondos procedentes del régimen bolivariano.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió reabrir la causa sobre la financiación ilegal del Podemos archivada provisionalmente en el año 2016 tras la declaración de Carvajal.

Carvajal proporcionó a la Audiencia Nacional dos órdenes de pago, entre ellas una que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares (122.000 euros) a Bescansa, Jerez y Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el "diseño político comunicacional" del 'stand' de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.

La otra orden de pago la habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares (5,7 millones de euros) a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para "propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano". En este documento, que fue revelado en 2016, se citaría expresamente a Pablo Iglesias, Jorge Verstrynge y Monedero como "destacados profesores" a los que definiría como "aliados naturales de la revolución bolivariana".

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