El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha abierto una 'investigación interna' sobre la filtración de información del contrato suscrito con la Comunidad de Madrid por parte del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
El líder del PP, Pablo Casado y el ya ex secretario general de la formación, Teodoro García Egea, aseguraron públicamente que habían recibido información sobre el presunto cobro por parte de Tomás Díaz Ayuso de una comisión de 286.000 euros tras cerrar un contrato sanitario con la Comunidad de Madrid en plena pandemia de la covid-19. La propia Ayuso facilitó el viernes en un comunicado la cifra cobrada por su hermano 55.000 euros, por las "gestiones realizadas".
Según ha podido saber Libertad Digital, "la Agencia Tributaria ha enviado auditores a varias delegaciones de Madrid" y "las sospechas del origen de la filtración sobre la facturación de Tomás Díaz Ayuso se centran en la delegación del Paseo de la Castellana".
Isabel Díaz Ayuso también reveló que Casado le citó en la sede de la calle Génova en septiembre y que le preguntó sobre el citado contrato. Según la presidenta madrileña, el propio Casado le confesó que la información le había llegado desde Moncloa, afirmación que posteriormente desmintió el líder popular.
Las mismas fuentes consultadas por LD desconfían de la actuación iniciada por Hacienda y aseguran que todo podría tratarse de "un paripé" para simular una investigación sobre la filtración. Recordamos que los emisarios del PP solicitaron a varias agencias de detectives el Modelo 347 del hermano de Ayuso y un extracto bancario en el que supuestamente vendría reflejada la supuesta comisión que habría cobrado de la Comunidad de Madrid. El Modelo 347 de la Agencia Tributaria es la declaración anual de operaciones con terceras personas que presentan personas físicas y jurídicas.
Recordamos que el delito de revelación de secretos en el que se podría haber incurrido, filtrando información sobre el hermano de la presidenta madrileña, viene recogido en el artículo 199 del Código Penal: "El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años".
Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por este diario no desmienten, ni confirman esta información, simplemente se limitan a "no hacer valoraciones" al respecto.
Tal y como publicó este diario, el PP entregó el Tribunal de Cuentas al PSOE a cambio de información sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso, mientras, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba el inicio de una investigación sobre el contrato de Tomás Díaz Ayuso, aunque por el momento no apreciaba "indicios delictivos" contra la presidenta madrileña.
El origen de la filtración en Hacienda
Las afirmaciones de Pablo Casado en la Cadena Cope el pasado viernes sobre el contrato y la supuesta comisión cobrada por el hermano de Ayuso, levantaron una gran polémica entre los asesores fiscales. Casado aseguró que le llegó "una información a finales de verano, es verdad que con datos fiscales y bancarios, por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública, y eso es lo que yo transmití. Imagino que las transferencias y los datos fiscales no obran en poder de cualquier persona. Y esa, es la única vinculación que yo hago a título personal de dónde puede venir esa información".
Según los asesores fiscales consultados por LD, "el único medio para obtener datos fiscales está en la Agencia Tributaria y los datos fiscales sólo se pueden obtener para realizar una gestión tributaria en curso y sólo los puede manejar el personal autorizado. Todo lo demás es una ilegalidad, por lo que es incomprensible que Casado admita que ha aceptado y que posee datos ilegales".