Alberto Casero, el diputado popular que no pudo corregir su voto en la polémica aprobación de la reforma laboral tras alegar un fallo informático y muy próximo a Teodoro García Egea en la dirección del PP, está al borde de la imputación en el Tribunal Supremo por una investigación por supuesta prevaricación de la época en que era alcalde de Trujillo.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anunció hace unos días que la investigación contra Casero por prevaricación continuada ha sido remitida al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del diputado popular. En concreto, la Justicia investiga si Casero adjudicó contratos a dedo cuando era alcalde trujillano, sin que mediara expediente y saltándose la ley de contratos públicos.
"La jueza ha reunido las pruebas documentales y testificales necesarias y ha dado por concluida la investigación abierta en esta primera instancia. Y esta semana se ha mandado al TS el auto, elevando la exposición razonada", indican fuentes del TSJEx a Efe. Para continuar con la investigación se consideraba necesario, después de las diligencias de investigación practicadas que han sido documentales y testificales, la toma de declaración como investigado "y respetando su derecho a la defensa como aforado tendría que continuar el TS".
En su exposición razonada, la juez apunta que los hechos "podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa", informa El Confidencial. En el documento, de quince páginas, explica que Casero ignoró "el servicio prioritario a los intereses generales, el sometimiento pleno a la ley al derecho y la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines" y considera "necesario para la continuación de la investigación" que declare como investigado, algo que necesariamente debe ocurrir ante el Supremo.
Casero, licenciado en Derecho, fue alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019, ha sido senador y es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP desde 2017.