El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, tiene un nuevo problema, la sublevación de los sindicatos de la enseñanza. A la fractura del Gobierno catalán, sometido a las tensiones de las disputas entre Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont y Laura Borràs, y ERC, se unen ahora las afrentas del consejero de Educación, el republicano Josep Gonzàlez-Cambray, a la "comunidad educativa" del separatismo, uno de los pilares del movimiento independentista. Gonzàlez-Cambray aparece como el principal culpable de la revuelta. Se le acusa de haber adoptado la decisión de avanzar el curso a espaldas de sindicatos, profesores y padres. Y también de "palabras vacías" en defensa de la inmersión lingüística frente a la sentencia del 25% de español en horario lectivo.
Los sindicatos amenazan con acciones como dejar de dar clases a los niños y con al menos cinco días de huelga el próximo mes de marzo. Exigen que Gonzàlez-Cambray dé marcha atrás respecto al calendario escolar y que no aplique el fallo sobre el español en el sistema educativo catalán. CC.OO., UGT, la Intersindical, la Unión de Trabajadores de la Enseñanza en Cataluña (Ustec) y el sindicato de profesores de Secundaria Aspepc prometen a sus afiliados que no admitirán que las clases comiencen el 5 de septiembre y no después del 11, fecha de la fiesta regional catalana.
Alegan que en caso de abrir las aulas el 5 de septiembre tendrán que trabajar más horas en verano y que muchos centros tendrán problemas logísticos después de los cambios y sobresfuerzos provocados por la gestión de la pandemia. Y también censuran que Gonzàlez-Cambray decidiera por su cuenta y riesgo el anticipo del curso escolar. La decisión ha unificado las posturas de los sindicatos e irritado sobremanera al "Consell Escolar" de Cataluña, órgano consultivo que el polémico consejero pasó por alto.
Gonzàlez-Cambray, fiel a su carácter autoritario, no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Su segunda, la secretaria general del departamento de Educación, Patricia Gomà, ha informado a los sindicatos que están dispuestos a negociar cómo se llevará a cabo el adelanto, pero no el adelanto en sí.
El 25% de español
Además de ese frente, los sindicatos también atizan al consejero por la aplicación de la sentencia del 25% de español. Ese es otro motivo para la huelga que preparan los sindicatos y que podría extender de entrada a cinco días. Uno de esos días, el 23 de marzo, estaría destinado a protestar por el decreto que prepara la consejería y que según los sindicatos "liquida la inmersión lingüística". Los sindicatos son radicales en la defensa de la inmersión y asumen a pies juntillas los postulados de máximos del separatismo. La imposición del catalán y la erradicación del español es una pieza intocable de la denominada "escola catalana" y exigen a la consejería que esté a la altura de sus promesas y desobedezca la sentencia.
La cabeza de Gonzàlez-Cambray está en juego. La obediencia de la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, a la JEC en el caso del escaño de la CUP, será un episodio menor en comparación con una hipotética "sumisión" de ERC y su consejería de Educación al fallo sobre la inclusión de un 25% de clases en español en el horario escolar. En JxCat esperan ese momento para devolver el golpe por el fiasco de Borràs.