Los emisarios del PP contactaron al menos con 3 agencias de detectives diferentes para espiar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP, Pablo Casado y el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, aseguraron públicamente que habían recibido información sobre el presunto cobro por parte de Tomás Díaz Ayuso de una comisión de 286.000 euros tras cerrar un contrato sanitario con la Comunidad de Madrid en plena pandemia de la covid-19.
La propia Ayuso facilitó el viernes en un comunicado la cifra cobrada por su hermano 55.000 euros, por las "gestiones realizadas". Génova filtraba este fin de semana el cierre del expediente interno abierto a Ayuso, apuntando que se daban por suficientes las explicaciones de la presidenta madrileña. No obstante, el partido estaba obligado a hacerlo, ya que la Fiscalía Anticorrupción ya está estudiando las tres denuncias contra Ayuso presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos.
Fuentes de las agencias de detectives consultadas por Libertad Digital relatan la cronología de los hechos: "Los enviados de Génova contactaron en primer lugar con la agencia de detectives Grupo Mira de Julio Gutiez para encargar el espionaje con la que varios dirigentes del PP mantienen muy buena relación desde hace años. Solicitaron el Modelo 347 del hermano de Ayuso y un extracto bancario en el que supuestamente vendría reflejada la supuesta comisión que habría cobrado de la Comunidad de Madrid. Ya tenían su número de cuenta". Recordamos que el Modelo 347 de la Agencia Tributaria es la declaración anual de operaciones con terceras personas que presentan personas físicas y jurídicas.
"Gutiez se negó entonces a realizar el encargo al considerar que podría incurrir en un delito de revelación de secretos y ni siquiera elaboró un presupuesto del servicio. Después, alertó de los hechos a su amigo del Partido Popular, el exministro de Justicia Rafael Catalá. Posteriormente, el propio Catalá, que no tiene buenas relaciones con el secretario general Teodoro García Egea, decidió alertar al entorno de Ayuso sobre este asunto", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "tras la negativa de la agencia Grupo Mira, los emisarios del PP se pusieron en contacto con al menos otras dos agencias de detectives más de Madrid. Todas se negaron a realizar el trabajo al sostener, igual que el Grupo Mira, que el encargo era ilegal y además, no realizaban servicios para partidos políticos o no tenían los medios para conseguir la documentación que les solicitaban".
"Querían el Modelo 347 y el extracto de la supuesta comisión para hacer una pantallazo (fotografía) y filtrárselo a la prensa. De las llamadas que recibimos procedentes de personas del Ayuntamiento de Madrid, intuíamos que el que en realidad estaba detrás era Teodoro García Egea. Desconocemos si Pablo Casado o José Luis Martínez Almeida estaban al tanto de la operación. Nos llamaron de la Empresa Municipal de la Vivienda EMV porque necesitaban una empresa para poder facturar el encargo", afirman.
Paradójicamente, el consejero delegado de la EMV es Diego Lozano, exjefe de Gabinete del expresidente madrileño Ignacio González, que ya fue espiado hace años en Colombia por la agencia Grupo Mira. González terminó imputado en el marco del caso Lezo.
Los "datos fiscales y bancarios"
Tal y como publicó este diario, las afirmaciones de Pablo Casado en la Cadena Cope del viernes sobre el contrato y la supuesta comisión cobrada por el hermano de Ayuso, levantaron una gran polémica entre los asesores fiscales. Casado aseguró que le llegó "una información a finales de verano, es verdad que con datos fiscales y bancarios, por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública, y eso es lo que yo transmití. Imagino que las transferencias y los datos fiscales no obran en poder de cualquier persona. Y esa, es la única vinculación que yo hago a título personal de dónde puede venir esa información".
Según los asesores fiscales consultados por LD, "el único medio para obtener datos fiscales está en la Agencia Tributaria y los datos fiscales sólo se pueden obtener para realizar una gestión tributaria en curso y sólo los puede manejar el personal autorizado. Todo lo demás es una ilegalidad, por lo que es incomprensible que Casado admita que ha aceptado y que posee datos ilegales".