El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, ha afirmado que "la independencia e imparcialidad puede no ser idónea cuando el fiscal general del Estado ha ostentado un cargo político" en clara alusión a Dolores Delgado, que se convirtió en fiscal general tras ser previamente ministra de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez. Zaragoza ha impartido una conferencia este miércoles en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España titulada "La defensa penal del Estado de Derecho".
Durante el acto presentado por la también fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, Zaragoza ha analizado el proceso de elección del fiscal general del Estado en nuestro país: "El informe de la Comisión de Justicia del Congreso sobre el candidato a fiscal general del Estado al igual que el que emite Consejo General del Poder Judicial CGPJ no son meros trámites de audiencia para examinar los requisitos reglados que se siguen para su nombramiento, sino que deben valorar los méritos y la idoneidad del candidato propuesto", apuntaba.
"Creo firmemente que el examen de idoneidad para el cargo no puede ser superficial y que si se produce la pérdida aparente de falta de independencia al inicio, este requisito debería ser analizado en profundidad por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en caso de impugnación", añadía.
"Esta tesitura, la falta de independencia e imparcialidad para el desempeño de la función que constituye el presupuesto imprescindible de la idoneidad en atención a la naturaleza y características del cargo puede resultar no ser idónea y apropiada en aquellos casos en los que el candidato ha ostentado un cargo político de entidad en el poder Ejecutivo sin mediar periodo temporal alguno entre uno y otro. Particularmente si lo ha sido en las áreas relacionadas con la administración de Justicia", sostenía Zaragoza en clara alusión a la actual fiscal general Dolores Delgado.
El 1-O y la reforma del delito de rebelión y sedición
El fiscal del Supremo ha denunciado "la politización de la justicia y el deterioro institucional sin precedentes" que sufre España en la actualidad. Además ha criticado la "instrumentalización de la justicia penal" y ha criticado el término "deriva judicial" cuando se alude al "cumplimiento de la ley y el acatamiento de las resoluciones judiciales". También ha abogado por la "persecución penal" como garante del Estado de derecho y ha repasado la división de poderes atendiendo al principio democrático y al reconocimiento del Poder Judicial, teniendo como referencia la Constitución como su "armazón jurídico".
Zaragoza ha justificado la acusación por rebelión en el caso del 1-O que mantuvo junto a sus tres compañeros del Ministerio Público Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno por la "agresión al orden constitucional" y ha defendido que las penas impuestas a los golpistas no fueron excesivas. Según el fiscal, sería necesario contemplar en el Código Penal un delito de "desobediencia agravada al Tribunal Constitucional" o penalizar "la convocatoria de una consulta y/o referéndum ilegal".
Sobre la "urgente" modificación de los delitos de rebelión y sedición anunciados durante meses por el Gobierno de Pedro Sánchez, Zaragoza ha señalado que ya "ha caído en el olvido" y que el indulto a los golpistas del 1-O por parte del Ejecutivo ha "hecho el resto". Además, se ha referido a la "improbable" aprobación de la reforma para que los fiscales asuman las investigaciones en lugar de los jueces.
