La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se resiste a cerrar la investigación al rey Juan Carlos I que asumió la Fiscalía del Tribunal Supremo en junio de 2020.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que Delgado "quiere meter mano a los decretos de archivo". Es decir, añadir a los informes realizados por otro fiscal "morcillas" para describir minuciosamente las presuntas irregularidades cometidas por el monarca que no pueden ser perseguidas. Dichas actuaciones no tendrían reproche penal ya que las habría cometido presuntamente antes de junio de 2014, cuando estaba protegido por la "inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado".
Tal y como desveló este diario el pasado mes de octubre, algunos de los representantes de la Fiscalía del Supremo que han participado en la frustrada investigación contra el rey emérito repetían la siguiente frase en el seno del Ministerio Público: "Se va a archivar la investigación al rey Juan Carlos, pero nos vamos a despachar a gusto".
Recordamos que las pesquisas abiertas al padre de Felipe VI arrancaron en junio de 2020 y fueron lideradas por el fallecido teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, junto a un equipo de fiscales. La investigación cuenta también con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón. Transcurridos 20 meses desde el inicio de las pesquisas, Delgado no ha decidido oficialmente todavía archivar o judicializar el caso ante el Supremo, aunque ya se ha filtrado en numerosas ocasiones a lo largo de este tiempo su intención de dar carpetazo definitivo.
Concretamente, el rey Juan Carlos es investigado por tres casos distintos en la Fiscalía del Supremo: el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de la construcción del AVE a la Meca a empresas españolas, el presunto uso por parte del rey emérito y de otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares y por último, la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "la Fiscalía del Supremo ya descartó en septiembre de 2020, 3 meses después de iniciarse la investigación, que existiera indicios delictivos contra don Juan Carlos en el caso del AVE a la Meca". El pasado mes de diciembre, el fiscal suizo Yves Bertossa archivaba este caso en el país helvético. A pesar de ello, la fiscal general del Estado todavía no lo ha archivado en España, aunque podría hacerlo próximamente.
Ante estos hechos investigados, el monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales tras estallar la causa. La primera, en diciembre de 2020 por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero del año pasado por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
Malestar en la Fiscalía tras la filtración de un decreto de archivo
Fuentes fiscales consultadas por LD apuntan el "malestar" que existe en el Ministerio Público después de que esta semana se filtrase a la prensa el borrador de archivo de la investigación sobre la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Dicho borrador publicado por la Cadena Cope, que aún no cuenta con el visto bueno de Delgado, recoge que no hay indicios "que permitan dirigir reproche penal contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón". Por esa razón, continuaba, "procede acordar el archivo de las diligencias de investigación".