El esperpento vivido en el Congreso durante la votación de la reforma laboral no tiene precedente alguno, hasta el punto de haber puesto a trabajar en la resolución del conflicto a los diferentes grupos políticos implicados, los letrados de las Cortes, así como sus diferentes órganos, para intentar escudriñar qué ocurrió las horas previas a la votación, durante la misma y qué se puede hacer a partir de ahora.
La Mesa del Congreso será la primera institución que deberá resolver sobre lo ocurrido una vez PP y Vox han anunciado respectivos recursos contra la votación. Será entonces cuando la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, explique los motivos que le llevaron a dar por válido el voto telemático emitido por el diputado del PP, Alberto Casero, previa consulta con los letrados y técnicos de las Cortes, sin reunir al órgano de gobierno de la Cámara, a pesar de que Batet aseguró durante el Pleno que había sido convocado y consultado.
Desde el Congreso admiten que no hubo reunión de la Mesa y argumentan que "no se requería" su consulta dado que el voto telemático se había emitido correctamente, tras haber descartado el fallo informático al que se aferra el PP. Por el contrario, PP y Vox sostienen que la presidenta de las Cortes debió atender su reclamación de votar presencialmente reuniendo al órgano de gobierno del Congreso, tal y como recoge el reglamento. El embrollo podría acarrearle a Batet una denuncia por prevaricación.
El PP ha remitido un escrito al Congreso solicitando a Batet que reúna con carácter de "urgencia" la Mesa para que pueda resolver cuanto antes la cuestión y, en su caso, poder acudir al Tribunal Constitucional para recurrir una decisión que temen desfavorable ya que PSOE y Podemos tienen mayoría en la Mesa. En la misma línea se ha manifestado Vox, como ha dejado claro la secretaria general del grupo, Macarena Olona, durante una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio. Batet todavía no ha contestado al requerimiento del PP.
Al PSOE le conviene dilatar el proceso
La decisión de reunir a la Mesa es competencia exclusiva de la presidenta de las Cortes, según confirman fuentes parlamentarias, que advierten de que Batet podría rechazar la petición del PP y posponer este encuentro hasta después de las elecciones de Castilla y León, cuando hayan transcurrido casi dos semanas desde la polémica y con la resaca electoral de por medio, lo que permitiría al Gobierno echar tierra sobre el asunto y reducir su impacto mediático.
Fuentes del PP trasladan a este periódico que intentarán por todos los medios "forzar a Batet" para que reúna a la Mesa cuanto antes y, en caso de no hacerlo, "están dispuestos a explorar cualquier vía" para que se convoque. Estas fuentes admiten que sus intenciones son que la reunión se produzca la próxima semana.
Se da la circunstancia de que, debido a la campaña electoral en Castilla y León, la próxima semana no hay prevista reunión ordinaria de este órgano ni Junta de Portavoces ni Pleno en el Congreso, como es habitual, para facilitar a sus Señorías la participación en los mítines. Una circunstancia que podría ser aprovechada para dilatar la cuestión lo máximo posible, evitando dar argumentos a PP y Vox contra el PSOE en plena contienda electoral.
En caso de optar por alargar el proceso, Batet dejaría de manifiesto, una vez más, su nulo interés por aclarar lo ocurrido y estudiar cómo proceder para dar respuesta a los requerimientos de la oposición. Fuentes de Vox resaltan que, en caso de cumplirse los peores presagios sobre la presidenta de las Cortes, como por otra parte esperan que ocurra, "lucharán para que este asunto no caiga en el olvido" al entender que de trata de una cuestión que tiene una gran trascendencia, más allá de la polémica y el caos generado por la votación.