La Comunidad de Madrid auditará el sistema de protección a menores

Mientras PSOE y Podemos alientan la investigación en el Congreso de los abusos contra menores cometidos en el seno de la Iglesia, promovida con fines propagandísticos por la fiscal general del Estado Dolores Delgado, y rechazan la investigación de los abusos cometidos en centros de menores en la Comunidad Valenciana y en Baleares, en Madrid la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, comparece hoy a petición propia en el primer Pleno del año de la Asamblea de Madrid para explicar qué ha ocurrido con las menores tuteladas prostituidas por una red de proxenetas desmantelada a finales de noviembre de 2021 y para anunciar la puesta en marcha de una auditoria del sistema de protección de menores en la Comunidad.

El departamento que dirige Dancausa está recopilando toda la información para tratar de dilucidar lo que sucedió y poder dar explicaciones tanto a la oposición como al Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación sobre la conocida como operación Sana. Además, ya se ha dirigido a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para que ponga en marcha la auditoría en este primer semestre del año, en la que se analizarán la gestión y los procedimientos del sistema de protección de menores en la región. La Inspección de Servicios de esta Consejería determinará el objeto y alcance del análisis, de acuerdo a los principios marcados por la Administración General del Estado para las auditorías de funcionamiento. "El objetivo final de este trabajo será identificar aspectos del funcionamiento de esta red que puedan ser mejorados y formular propuestas que permitan incrementar la eficacia y calidad de su gestión".

Operación Sana

En relación a la red de proxenetas desmantelada a finales de noviembre de 2021 en el marco de la operación Sana, la Consejería de Familia y Política Social ha confirmado que al menos tres menores vivían en sus centros antes de desmantelarse la trama por parte de la Policía Nacional. Fuentes policiales aseguraron que otra chica más liberada vivían en un centro de menores de Guadalajara; otra más en el centro de Hortaleza, pero ya ha cumplido la mayoría de edad, y alguna otra más en casa de sus padres o familiares.

Las diez liberadas eran todas españolas, salvo una dominicana y una rumana, y tienen entre 14 y 16 años.

Actuación del Gobierno regional

Concepción Dancausa defenderá hoy durante su comparecencia en la Asamblea que las autoridades autonómicas actuaron correctamente en la atención de tres de las chicas tuteladas que vivían en centros de menores y que fueron liberadas a finales de noviembre por la Policía Nacional.

Además, pondrá de manifiesto que durante el último año y medio presentaron escritos sobre el seguimiento de las menores a Juzgados y Fiscalía, así como denuncias al Grupo de Menores (GRUME) de Policía ante las ausencias voluntarias del centro de las tres víctimas, "sin tener conocimiento de la investigación que estaba desarrollando la Policía".

En el último año y medio hubo más de 80 comunicaciones entre los centros de menores y distintos estamentos policiales y judiciales en relación a tres de las menores víctimas de la red de proxenetas. Fuentes de la Consejería subrayan que "la Comunidad es la responsable de protegerlos en el interior" de los centros y de denunciar "cualquier situación anómala, y las autoridades policiales y judiciales son las encargadas de actuar para que también estén protegidos fuera de los centros".

Estas tres menores residen en un centro de protección de la Comunidad de Madrid especializado en el tratamiento de menores con trastornos y problemas de conducta. Como todos los recursos de la red de protección, se trata de un centro abierto, es decir, sus usuarios no han cometido ningún delito y, por tanto, tienen derecho por ley a salir de las instalaciones como parte del proceso educativo y de aprendizaje de cualquier menor.

Este centro, llamado Picón de Jarama, situado en Paracuellos, tiene como particularidad que el ingreso de un menor en sus instalaciones solo puede hacerse con una autorización judicial que permite a su director establecer ciertas restricciones a los movimientos y salidas de los menores.

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, estas restricciones deben comunicarse a la Fiscalía y realizarse en los términos que marca esa autorización "en interés del menor, de manera motivada y cuando su tratamiento educativo lo aconseje".

Es decir, según explica la Consejería de Familia no se puede ni se debe restringir la libertad de movimiento ni los derechos fundamentales a estos menores en los centros de protección porque el objetivo de estos recursos es protegerles y, desde la intervención, formarles y educarles, no aislarles.

Más de 5.400 denuncias en 2021

En 2021 las denuncias y comunicaciones realizadas por estos centros de protección, donde residen un total de 1.500 menores, con autoridades policiales y judiciales superaron las 5.400.

La inmensa mayoría de ellas (casi 5.000) son denuncias de ausencias voluntarias de menores al GRUME para su localización y devolución. También hay un centenar de denuncias por hechos delictivos contra menores, más de 250 informes de seguimiento a los juzgados y por encima de 100 comunicaciones a la Fiscalía de Menores. Además, desde 2016 la Comunidad se ha personado en 50 procedimientos penales relacionados con menores tutelados para defender sus intereses.

Programa de Testigos Protegidos

Las menores incursas en la operación Sana están acogidas al programa de Testigos Protegidos, por miedo a las posibles represalias de las bandas latinas de Vallecas, Usera y San Cristóbal, entre ellos miembros de los Dominican Don’t Play con antecedentes violentos.

La menor identificada como TP1 llegó al centro Picón de Jarama en septiembre de 2021, tras pasar por otros centros de los que se ausentaba frecuentemente, ausencias en las que se ponía en situaciones de riesgo "y que ya habían alertado a la Policía, que sospechaba que podría estar relacionada con la prostitución". Por ello tenía restringidas las salidas, pero ante la situación de riesgo, en octubre el centro solicitó a la Fiscalía una ampliación de las restricciones de salidas, pero nunca se obtuvo respuesta del juzgado nº 1 de Torrejón.

La menor identificada como TP2 relató agresiones sexuales en sus salidas del centro desde mediados de 2020, que fueron inmediatamente denunciadas a la Guardia Civil por trabajadores del centro. Todas estas denuncias fueron las que, a la postre, llevaron al desmantelamiento de la red de proxenetas. "Gracias a este testimonio se empezaron a atar cabos y a establecer conexiones con otras investigaciones en curso, que se desencadenó en la operación policial" de finales de noviembre de 2021.

El papel de la oposición

La oposición acusó a la Consejería de mentir, porque en un principio afirmaron que se trataba de un caso de prostitución ajena a los centros. En la comparecencia de hoy Dancausa explicará por qué contaban inicialmente con una información y posteriormente con otra distinta.

Cabe recordar que Más Madrid no ha esperado a la comparecencia de para promover la reprobación de la consejera, registrada el 26 de enero y que se votará en el pleno del 10 de febrero.

En opinión de Más Madrid, Dancausa no está capacitada para desarrollar su labor después de lo sucedido con las menores tuteladas.

El PSOE ha exigido al Gobierno regional medidas para proteger a las menores y detectar "si hay más casos en centros tutelados por la Comunidad de Madrid". Por su parte, Unidas Podemos ha indicado que quieren escuchar las explicaciones de la consejera para este jueves en el Pleno porque "ha faltado a la verdad y ha ocultado información" y quieren saber "por qué mintió".

Desde Vox han tachado de "inexplicable" que haya pasado un mes desde que se produjo el escándalo con "las niñas abusadas y tuteladas por la Comunidad de Madrid" y que hasta este próximo Pleno "no se ha producido ninguna explicación por parte del Gobierno".