Ni guardias civiles, ni policías nacionales ni víctimas de la organización terrorista ETA van a enturbiar el cajón de sastre diseñado por el PNV en el Parlamento de Vitoria, con el apoyo del PSOE del País Vasco, entre otros, para victimizar a los terroristas y a una parte de sus acólitos. Ese ha sido el objetivo del Gobierno vasco desde un principio y así lo ha ejecutado en los últimos días una comisión especialmente creada para este tema.
La polémica empieza en 2016, cuando el PNV consigue sacar adelante en la Cámara vasca una ley destinada a poder en duda la labor del Estado en el País Vasco durante los primeros años de la democracia y apuntalar la leyenda urbana batasuna de la constante represión policial. Una rendija abierta a que terroristas de ETA y acólitos de la misma también puedan ser considerados víctimas de la violencia en el País Vasco, y no sólo las víctimas reales.
Se trata de la "Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999", conocida popularmente como Ley de Abusos Policiales, que pone en marcha una comisión extrajudicial que puede considerar víctimas a una persona sin necesidad de que así lo atestigüe una sentencia judicial.
Esta comisión extrajudicial, cuyos miembros han sido elegidos a dedo por el propio Gobierno vasco, no sólo puede otorgar esa condición de "víctimas de violencia política" a aquellos que considere oportuno, sino que también tiene una partida presupuestaria destinada a otorgar indemnizaciones económicas a todos aquellos que obtengan ese reconocimiento.
Al poco de aprobarse esta ley, varias asociaciones profesionales del Instituto Armado, entre ellas la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) y Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), animaron a todos los agentes destinados en el País Vasco entre 1978 y 1999 a mandar su instancia para ser reconocidos también como "víctimas de la violencia de motivación política" y cobrar su indemnización. También lo hicieron varias víctimas del terrorismo.
Esta semana, según han confirmado desde las asociaciones profesionales a Libertad Digital, han llegado las primeras respuestas de esa comisión extrajudicial, denominada técnicamente como Comisión de Valoración, dando un portazo a sus solicitudes. El Gobierno vasco no permite que se le cuelen guardias civiles y víctimas del terrorismo en una ley diseñada para victimizar a los auténticos victimarios.
En sus respuestas, la Comisión de Valoración expone a los guardias civiles solicitantes que el acoso y la violencia que describen en sus solicitudes –a la que fueron sometidos por la organización terrorista ETA y sus acólitos– no entran dentro de los requisitos de la ley porque no tuvo como causante a las Fuerzas de Seguridad del Estado ni por ningún otro organismo público estatal.