El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad abrir un expediente sancionador al PP por financiación ilegal en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas de Castilla y León. La apertura de dicho expediente se produce tres meses después de que el partido de Pablo Casado pactase con el PSOE renovar el tribunal.
Tal y como desveló LD, la nueva presidenta de la institución a propuesta del PSOE, Enriqueta Chicano, decidió incluir en el orden del día del último pleno "una propuesta de acuerdo de apertura de período de información previa a la formación política Partido Popular por irregularidad consistente en la posible aceptación de donaciones o aportaciones contraviniendo lo dispuesto en el artículo 5 de la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos". La presunta irregularidad es el ingreso de un total de 3.738 euros en las cuentas del Partido Popular, procedentes de personas jurídicas o de personas no identificadas durante el ejercicio 2017.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que "el pleno del tribunal ha aprobado por unanimidad iniciar el procedimiento sancionador contra el PP". "Los 6 consejeros del PSOE, el consejero de Podemos, el nuevo fiscal jefe del tribunal Manuel Martín-Granizo e incluso los 5 nuevos consejeros del propio PP votaron a favor de abrir el expediente. La comunicación ya se ha remitido a la sede de los populares en la calle Génova, sólo 24 horas después de aprobarse", afirman.
Cabe destacar que dichas irregularidades vienen recogidas en un informe de fiscalización de partidos políticos, aún no aprobado por el pleno del tribunal, y cuyas ponentes han sido la consejera a propuesta del PSOE y mano derecha de Chicano, Dolores Genaro, y la recién aterrizada expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Hernáez, que fue propuesta como consejera por el PP en sustitución de Margarita Mariscal de Gante. "Genaro, Hernáez y Chicano son las responsables de que el procedimiento sancionador se haya votado y remitido a los populares con tanta celeridad", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por este diario denuncian que "la presidenta del tribunal, Enriqueta Chicano, no se abstuvo durante la votación sobre la apertura del expediente sancionador al Partido Popular". Todo ella a pesar de que, tal y como desveló este diario, Chicano pidió iniciar una cruzada contra el PP y Vox por las leyes de género, remitiendo un correo electrónico a todo el personal del tribunal el 15 de enero de 2019 junto a un documento titulado "Ni un paso atrás", aprovechando su entonces cargo de presidenta de la Comisión de Igualdad de la institución.
En el citado documento, Chicano reclamaba frenar a las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal por intentar limitar el efecto de las leyes de género impulsadas por los socialistas en Andalucía y afirmaba que "la bestia parda que anida en cada rincón de la patria quiere liquidar la Ley contra la Violencia de Género, y sustituirla, claro, por una Ley de Defensa de la Familia".
La normativa del Tribunal de Cuentas exige que "el personal que participe en los procedimientos fiscalizadores deberá actuar con la debida independencia respecto a la entidad fiscalizada". También señala que "no podrán participar en la fiscalización de una entidad quienes tengan algún interés personal en la misma". Según dicha normativa "cuando una persona designada para participar en una fiscalización o, en su caso, en el curso de la misma, apreciase la concurrencia de cualquier circunstancia que pudiese afectar a su independencia, imparcialidad u objetividad, lo podrá en conocimiento de la superiora o superior jerárquico, quién decidirá sobre su permanencia o sustitución en el equipo fiscalizador".
El Plan de "regeneración" de Casado en el Tribunal de Cuentas
Tal y como publico LD, el Partido Popular liderado por Pablo Casado "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior".
A pesar de ello, los populares anunciaban esta semana un plan de reducción de impuestos con un recorte de 30.000 millones del gasto superfluo del Estado que iría acompañado con otro de seguridad jurídica, que contempla la "despolitización" de reguladores y el refuerzo de la independencia de la Justicia y el Tribunal de Cuentas.