Como en la película Casablanca ("qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega") los medios de izquierda han descubierto que en los centros de menores tutelados pasan cosas graves. Pero para llegar a ese descubrimiento ha tenido que saltar el escándalo en la Comunidad de Madrid. Cuando el problema afectaba a Valencia, y muy directamente a Mónica Oltra, y a la Baleares de Francina Armengol, la izquierda mediática (La Sexta, la SER, El País, el diario de Escolar…) corrió un tupido velo y directamente miró para otro lado.
Aunque estamos acostumbrados al doble rasero con el que se trata a la presidenta Isabel Díaz Ayuso (la gestión de la pandemia ha dejado numerosos ejemplos), en el tema de la prostitución y abuso de menores tutelados por los gobiernos regionales resulta aún más sangrante a nada que se profundice en las diferencias entre un caso, Madrid, y los otros dos. El sectarismo de los medios de comunicación parece que no tiene límites.
¿Qué ha ocurrido en Madrid?
A finales de noviembre de 2021 se desmanteló una red de prostitución de menores que operaba en Madrid. En lo que se ha denominado operación Sana fueron liberadas 10 menores y detenidas 37 personas, de las que ocho han ingresado en prisión provisional sin fianza.
La captación de las diez menores de Madrid la realizó una red mafiosa que las obligaba a prostituirse. Esas menores vivían tanto en centros de protección de menores (entre tres y cinco de las menores liberadas, según las fuentes) como en domicilios con sus propias familias, generalmente desestructuradas y con problemas económicos. El miedo a las bandas latinas que las prostituían las empujaba a continuar con ellos y a huir una y otra vez de los centros o domicilios familiares.
Las víctimas, de entre 13 y 18 años, tenían una fuerte dependencia emocional hacia los miembros de la organización delictiva que las prostituía, dependencia que se incrementaba por su adicción a las drogas. Además de un miedo atroz a las posibles represalias de las bandas latinas de Vallecas, Usera y San Cristóbal, entre ellos miembros de los Dominicans Don’t Play con antecedentes violentos. Por este motivo las diez menores están acogidas al programa de Testigos Protegidos.
Entre los más de treinta detenidos destaca el conocido como el Kalifa, uno de los líderes. Con nueve detenciones previas, su último arresto fue una semana antes que el resto de integrantes de la red de proxenetas, por agredir sexualmente a una de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid. Dominicano de 25 años de edad, R.M.C., el Kalifa, era el encargado de captar a las menores para que luego ejercieran la prostitución a cambio de dinero o drogas.
Además de el Kalifa, el Chuky o el cantante de rap Saymol Fyly se encargaban de captar a las menores a través de redes sociales. Todo ello a las órdenes de un jefe, conocido como Tavares, que controlaba el poblado chabolista de San Cristóbal en el distrito madrileño de Villaverde.
La investigación policial, que se inició en abril de 2021, ha dejado historias escalofriantes, como la de la menor de 13 años que ejercía la prostitución con el consentimiento de su padre, un toxicómano habitual de Puente de Vallecas, que vivía en una casa okupa con otros drogodependinetes y que se lucraba prostituyendo a su hija. Tutelada por la CAM, el propio centro de menores había denunciado su desaparición. Familiares de la menor señalaron a la Policía que existía la sospecha de que el padre también había abusado sexualmente de ella y que la había "vendido" al Kalifa por dos bolsas de cocaína, algo reconocido por el proxeneta.
La menor era conocida como la "niña pelirroja morita" y decía estar "enamorada" de el Kalifa. De hecho una de las formas de captación era el método del "lover boy", buscando que se enamoraran de ellos a través de Youtube, Instagram o Facebook.
En definitiva, lo que ha ocurrido con las menores de Madrid es algo muy grave, sin lugar a dudas, y pondría de manifiesto que el sistema de protección de menores hace aguas. Pero, hasta donde se sabe, hay notorias diferencias con lo ocurrido en Valencia y Baleares, lo que hace más obsceno el diferente trato mediático dado a la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso.
Personación en el caso
La primera diferencia con los casos de Valencia y Baleares es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere personarse en el caso como acusación particular, y a ello se puso la presidenta popular en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, mientras que en Valencia y Baleares como poco se ha entorpecido la investigación.
Así lo anunció el pasado 10 de enero Díaz Ayuso en una entrevista en la cadena SER. En la misma entrevista señaló que, en cuanto se reanudase el periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid, la consejera de Política Social, Concepción Dancausa, iría a dar explicaciones.
No obstante, más de diez días después de haberlo anunciado no han permitido todavía la personación de la Comunidad de Madrid como acusación particular.
Denuncias previas de la CAM
Durante el año 2021 los centros de menores de la Comunidad de Madrid interpusieron hasta 5.000 denuncias por desapariciones de menores de los 102 centros de la región. De ellas, 84 fueron sobre estas menores incursas en la llamada operación Sana que ha llevado al desmantelamiento de la red de proxenetas.
La Comunidad de Madrid, además, pidió en octubre de 2021 a la Fiscalía la privación de salida del centro de una de las menores liberadas de la trama desmantelada, sin que, a día de hoy, el juez haya emitido respuesta alguna, según fuentes de Sol.
Captación dentro o fuera de los centros
Diferencia importante es que, en el caso de Madrid, la captación se producía cuando las menores no estaban en los centros o habían huido de sus propios domicilios. Si grave es que se abuse de un menor o se le prostituya, más grave es que el abuso lo cometa el encargado de la tutela de esa adolescente vulnerable en el propio centro donde vivía, como ocurrió en el caso del entonces marido de Mónica Oltra, que, para más inri, era la consejera de la que dependía ese centro.
Aunque los abusos de menores tutelados en Valencia no se ciñen al caso del exmarido de Oltra, el caso de Teresa, nombre de la menor abusada, es especialmente grave. "Cuando ocurren los abusos –recuerda el abogado de la víctima José Luis Roberto en esRadio– Luis Eduardo Ramírez Icardi era marido de Mónica Oltra y lo seguía siendo cuando, después de denunciar, se paraliza y se oculta la investigación". Por ello el letrado considera "absurdo creer que durante casi un año su marido en aquellos momentos estuviera implicado en delitos de abuso sexual y que Oltra no supiera".
Luis Eduardo Ramírez Icardi está condenado desde marzo a 5 años de prisión por los abusos a la menor a la que ha tenido que indemnizar con apenas 6.000 euros. Ahora, el abogado de Teresa ha conseguido que la Audiencia reabra la investigación a la Consejería y en concreto, contra 4 trabajadoras, que hicieron oídos sordos a la denuncia de la menor.
No hay que tener mucha imaginación para intuir qué habría pasado, mediáticamente hablando, si el violador de una menor en un centro de protección dependiente de un gobierno autonómico hubiese sido el marido o la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid o de su consejera de Política Social, Concepción Dancausa.
Comisión de investigación
Siguiendo con las diferencias, en Madrid los partidos de la oposición de izquierdas se han apresurado a pedir una comisión de investigación sobre lo que ocurre con las menores tuteladas. Nada parecido ha ocurrido en Valencia y Baleares, donde esa posibilidad ha sido bloqueada por los partidos de izquierda que en esas dos CCAA están en el poder.
Además, el PSOE intentó anular la investigación europea sobre el escándalo de la explotación sexual de menores en Baleares. Aunque no lo consiguió, sí han conseguido cambiar sustancialmente el título de la misión desvirtuándolo totalmente.
En definitiva, la izquierda ha tratado de tapar el escándalo, como contó en esRadio Rosa Estarás, eurodiputada del Partido Popular.
Diferente trato mediático
Cuando salió a la luz pública la información sobre prostitución de menores en la Comunidad de Madrid, la izquierda mediática vio un filón para atacar a la presidenta Díaz Ayuso. Esta vez sí, Antonio García Ferreras (nadie como él para hacer ese papel) le ha dedicado horas de su programa Al Rojo Vivo en La Sexta, con un objetivo claro: criminalizar al Gobierno de Díaz Ayuso y, sobre todo, restar importancia a lo que había ocurrido en Baleares y Valencia. A fin de cuentas, en todas partes cuecen habas.
Es indecente mirar para otro lado cuando los abusos a menores se producían y se producen en regiones gobernadas por la izquierda y dedicar horas al tema en el caso de Madrid, como lo es equiparar los casos, cuando hay notables diferencias entre unos y otros.