La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia sobre el 25% de español en el horario lectivo, de fecha 16 de diciembre de 2020. La resolución se lleva a cabo tras haber recibido notificación por parte del Tribunal Supremo de la inadmisión del recurso presentado por la Generalidad. De este modo, la administración autonómica tiene un plazo de diez días para aplicar el fallo en todos los centros de enseñanza de su competencia.
La Generalidad, a través de su presidente, el republicano Pere Aragonès, y de su consejero de Enseñanza, el también republicano Josep Gonzàlez-Cambray, han hecho insistentes pronunciamientos a favor de incumplir la sentencia e incluso se aprobó un acuerdo del gobierno de la administración autonómica en el que se prometía asistencia jurídica a los docentes que no obedecieran el fallo y se amenazaba con acciones penales e incluso política contra quienes denunciaran el sistema de la inmersión lingüística.
También se ha registrado ya el primer conato de desobediencia por parte de un instituto de Manresa, que comunicó por escrito a un padre que no tenía previsto aplicar la resolución sobre el 25% del horario lectivo en español. Se trata del instituto Lacetània de la citada localidad barcelonesa y la respuesta a la petición del padre fue la siguiente: "El instituto sigue las indicaciones que el Departamento de Educación marca al respecto. Por eso resuelvo seguir con los criterios lingüísticos hasta ahora aplicados en el centro". El texto, remitido el 22 de diciembre, llevaba la firma del director, Francesc Delis, y de la secretaria del instituto y un membrete de la Generalidad. El centro dice basar su política lingüística en "la normalización del catalán como lengua de aprendizaje y de relación".
La Generalidad trató de utilizar a la familia del niño de cinco años en Canet de Mar (Barcelona) que logró la sentencia favorable a la presencia de un 25% de español en las aulas como cabeza de turco con una campaña que incluyó insultos, amenazas y hasta una manifestación a las puertas del centro escolar. El brutal señalamiento puso de relieve hasta dónde es capaz de llegar la administración separatista.
