La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, adjudicó más de 5,2 millones de euros procedentes de fondos para luchar contra la pandemia de la covid-19 en publicitar su gestión al frente del consistorio o fomentar la transición energética y el uso de la bicicleta durante el ejercicio 2020.
Así consta en el informe del Tribunal de Cuentas sobre "la fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el covid-19".
Colau adjudicó 6 contratos para diversas campañas de comunicación entre marzo y mayo de 2020 por un total de 1.746.546,40 euros (IVA excluido). En la justificación de la tramitación de emergencia de estos contratos se hacía referencia a la necesidad de comunicar información de interés para la ciudadanía sobre acciones que se están llevando a cabo vinculadas al COVID, a la reactivación económica, social y cultural de la ciudad y a cómo la pandemia afecta a los servicios habituales que presta el Ayuntamiento.
El Tribunal de Cuentas, sin embargo, afirma que en la documentación justificativa aportada "no se detallan suficientemente las necesidades inmediatas que era preciso atender ni las prestaciones contratadas para ello ni el contenido específico de los mensajes de comunicación, si bien en el trámite de alegaciones el Ayuntamiento ha concretado el contenido de los mensajes de comunicación, todos ellos directamente relacionados con las medidas tendentes a hacer frente a la situación causada por el COVID-19".
Otros 5 contratos por importe de 1.910.416 euros (IVA excluido) fueron suscritos para la ejecución de "actuaciones del espacio público y movilidad en el marco del COVID-19". Según el Ayuntamiento de Barcelona, "las actuaciones de emergencia tenían como finalidad garantizar la salud pública en el desplazamiento de viajeros por la ciudad, garantizando, a su vez, un desplazamiento eficaz, saludable y sostenible". Entre las actuaciones, el consistorio concretaba las siguientes medidas: fomentar el desplazamiento a pie, implementar medidas de mejora y espacio seguro en el transporte público, fomentar los desplazamientos en bicicleta y favorecer la transición energética y compartida de la movilidad privada.
Según el informe del tribunal, "no consta suficientemente acreditada la relación de las obras contratadas con las medidas necesarias para hacer frente a la situación sanitaria causada por el COVID-19, ni que las mismas se limitaran a lo estrictamente indispensable para atender esa necesidad".
"El fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta", añade el informe, "persigue un cambio en las conductas de los ciudadanos cuya consecución no está demostrado que sea esperable en el corto plazo de la emergencia planteada por la pandemia de COVID-19; la transición energética y el uso compartido de la movilidad privada no guardan relación alguna con la protección de las personas frente al COVID-19, o, incluso, pueden resultar contraproducentes para tal fin". Colau también adjudicó otros ocho contratos de obras relativos a actuaciones del espacio público y movilidad por un importe de 1.297.257 euros (IVA excluido).
Finalmente, el consistorio de la Ciudad Condal destinó 286.000 euros en otro contrato para realizar una campaña publicitaria de dinamización del sector comercial hostelero y de restauración para reactivar el centro de la ciudad. Según el Tribunal de Cuentas, "no consta justificación de que no fuera posible atender a esta necesidad utilizando procedimientos ordinarios o negociados por imperiosa urgencia en lugar de la tramitación de emergencia".
Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital aseguran que la adjudicación de estos contratos por un montante total de 5,2 millones por Colau constituyen "una irregularidad" ya que dichos fondos debían ser destinados para "necesidades inmediatas y emergencias derivadas de la pandemia de la covid-19 y no para publicitar o promocionar su gestión y sus políticas en el Ayuntamiento de Barcelona".
Colau imputada por subvencionar entidades afines
Mientras tanto, Ada Colau ha sido imputada esta semana por supuestas irregularidades al conceder subvenciones a entidades a las que perteneció antes de llegar al Ayuntamiento de Barcelona. Colau está citada para declarar como investigada el próximo 4 de marzo por posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Tras conocerse su imputación, Colau rechazaba dimitir y aseguraba que no había cometido "ninguna irregularidad" en la concesión de ayudas. No obstante, el Código Ético de su partido establece que los cargos electos se comprometen a renunciar de forma inmediata ante una imputación judicial por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación, tráfico de influencias o malversación.