La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles una vista tras la demanda presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la Fiscalía General del Estado de Dolores Delgado, el Ministerio de Justicia de Pilar Llop y una docena de Comunidades Autónomas por carecer de un plan específico de riesgos laborales para los miembros del Ministerio Público.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian el "postureo" de Delgado respecto a las mujeres, ya que es una defensora de la introducción de la denominada "perspectiva de género" en la Fiscalía y mientras tanto, "no ofrece protección a las fiscales embarazadas que se encuentran en situación de riesgo. Delgado es la mayor responsable de esta situación". Recordamos que Delgado se vio salpicada por los audios del comisario José Villarejo en los que éste relataba sus técnicas para conseguir información utilizando un prostíbulo que calificaba como "información vaginal". La actual fiscal general apostilló entonces con su ya famoso "éxito garantizado".
La demanda presentada por la APIF argumenta que "la Fiscalía hace omisión de cualquier deber de prevención de riesgos en relación con la preservación de los derechos de las mujeres embarazadas en situación de riesgo". Señala también que "los casos de acoso laboral o se silencian o no se investigan" y que "los accidentes derivados del estrés no se investigan como tales, sino como aconteceres naturales del paso de los años en las personas".
En el caso de los embarazos, la APIF describe el caso concreto de una fiscal que tras recibir la baja laboral por su embarazo de riesgo es obligada por su jefe a seguir trabajando: "Aportamos documentación expresiva de la situación de esa fiscal que, destinada en una Fiscalía Provincial, consulta a la Inspección Fiscal si ante la orden verbal del fiscal jefe de despachar todos los asuntos que le han entrado en su lote de trabajo con anterioridad a serle asignada la baja por embarazo de riesgo, y preguntando literalmente si ‘¿puede mi fiscal jefe ordenarme que siga trabajando desde casa aun estando de baja?’, la Inspección le contesta lo siguiente: ‘la competencia para las decisiones relativas a la organización y dirección de la Fiscalía corresponde al fiscal jefe Provincial, no a la Inspección Fiscal, sin perjuicio de los recursos legales que corresponden a quien pueda discrepar de las mismas".
"Las compañeras fiscales embarazadas", añade la demanda, "los mayores o los enfermos, carecen de ninguna protección específica en la Fiscalía. Ninguna previsión sobre excesos en las cargas de trabajo, ninguna adaptación del puesto de trabajo a la salud del fiscal, ninguna en relación a los riesgos derivados del estrés, del acoso o del abuso de las condiciones de trabajo al que se somete al fiscal: los riesgos por el exceso de trabajo ‘se solucionan’ para la Fiscalía por vía de expedientes disciplinarios por retrasos en el despacho de asuntos".
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que pese a que Delgado y Llop están al corriente de la situación desde hace meses, "han hecho oídos sordos y no han hecho nada" en relación la petición de dotar de medidas de prevención de riesgos laborales a los representantes del Ministerio Público.
La APIF llama la atención además sobre la gestión del Ministerio Público durante la pandemia de coronavirus, cuando "envió de forma temeraria" a los fiscales a "trabajar sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales, exponiéndolos a un contagio letal por COVID-19".
Justicia alega que su plan de riesgos cubre a la Fiscalía
Durante la vista de cerca de 3 horas celebrada en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la mayoritaria Asociación de Fiscales AF se ha adherido a la demanda presentada por la APIF. Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales UPF a la que pertenece la fiscal general del Estado ha defendido ante el juez que el Ministerio Público ya cuenta con un plan de prevención de riesgos laborales y "se ha deshecho en elogios con la labor de Delgado y Llop".
Fuentes presentes en la vista consultadas por este diario afirman que la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Justicia de Pilar Llop ha asegurado que su plan de riesgos laborales cubre también a la propia Fiscalía. "La Fiscalía no está compuesta por funcionarios del Ministerio de Justicia y forma parte del Poder Judicial de forma autónoma por lo que debe tener un plan específico de riesgos laborales y no compartir el del Ministerio de Justicia", afirman. La resolución del juicio se podría conocer en las próximas semanas.