La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido citada a declarar el próximo 4 de marzo en el juzgado de instrucción número 21 de la capital catalana, donde se ha admitido a trámite una querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en la que se acusa a la dirigente podemita de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
Según el escrito de la denuncia, la alcaldesa concedió subvenciones y firmó convenios de financiación con entidades como el Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), Ingenieros Sin Fronteras, Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Se da la circunstancia de que Colau, junto a Jaume Asens o Gerardo Pisarello, trabajó en el Observatorio DESC, uno de cuyos patronos es el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla. También fue fundadora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entidad que le dio visibilidad para dar el santo al Ayuntamiento.
Los convenios, según apunta el ABC, habrían sido suscritos sin publicidad y sin justificación alguna, de manera arbitraria y de forma recurrente. Además, los propósitos de tales contrarios no tendrían nada que ver con las competencias municipales, de modo que se encargaban informes sobre asuntos sociales de Perú o Mozambique que según los querellantes eran simples tapaderas para facilitar la financiación de puestos de trabajo de las citadas entidades.
La alcaldesa se ha mostrado muy sorprendida por la investigación, ha declarado que se ha enterado por la prensa y se niega a dimitir, a pesar de que los estatutos de los podemitas catalanes indican que sus cargos públicos deben abandonar toda responsabilidad en el momento en el que son imputados.
Colau aduce que la Fiscalía archivó el pasado julio una denuncia similar de Abogados por la Constitución por los mismos conceptos y confía en que en esta ocasión ocurra lo mismo.
