La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del aborto podría ver la luz antes del verano. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Libertad Digital aseguran que "los españoles no pueden respetar al TC con toda la razón, si no resuelve el recurso sobre el aborto después de 12 años".
La Ley del aborto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 fue recurrida ante el Constitucional en junio de ese año por el PP. El nuevo presidente del TC, Pedro González-Trevijano, ya aseguró públicamente el pasado 7 de diciembre que el tribunal intentará aprobar "en unos meses" la sentencia y que de hecho, ya había pedido al nuevo ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, que elaborase un proyecto de fallo que pueda ser sometido a deliberación "en un plazo razonablemente breve". Los populares consideran que dicha Ley "resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que todos tienen derecho a la vida".
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que resolver el recurso sobre el aborto es actualmente la prioridad nº 1 de los magistrados. "No es de recibo que el Tribunal Constitucional no haya dictado sentencia después de tantos años, en los que se ha estado dando una patada para adelante con este asunto".
"De hecho, ni siquiera se ha llegado a discutir un borrador de sentencia durante el Pleno en más de 11 años. Esto no es serio, es incomprensible para todos los españoles y es normal que provoque indignación entre los ciudadanos", añaden.
La sentencia sobre la Ley del aborto alcanzará en junio los 12 años de retraso y ya tiene asignado a su tercer ponente Enrique Arnaldo. Previamente, el magistrado conservador Andrés Ollero, que salió del tribunal en la última renovación, proponía declararla inconstitucional. Ollero había heredado a su vez la responsabilidad de resolver el recurso de su predecesora progresista Elisa Pérez Vera, en su caso, favorable a interrumpir la gestación de forma voluntaria en las primeras 14 semanas.
Sin embargo, ni la ponencia de Pérez Vera, ni la de Ollero llegaron a debatirse jamás en un Pleno del Tribunal Constitucional, ya que los distintos presidentes del Alto Tribunal nunca lo acordaron. Cuando se presentó el recurso del PP, la presidenta del TC era María Emilia Casas. Posteriormente, Pascual Sala heredaba la presidencia y después daba el testigo a Francisco Pérez de los Cobos, hasta la llegada de Juan José González Rivas años después. Ahora el objetivo pasa porque el nuevo presidente González-Trevijano lleve al Pleno el borrador del magistrado Enrique Arnaldo en los próximos meses.
Cabe destacar que González-Trevijano no lo tendrá fácil, ya que en principio el próximo mes de junio el Constitucional volverá a renovarse y su mandato finalizará. El mejor situado para sustituirle es el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido. Dicha renovación implica la designación de dos magistrados por parte del Gobierno y de otros dos por iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El retraso en la resolución del aborto ante los tribunales
El retraso en la tramitación del recurso del PP contra la Ley del Aborto por parte del Tribunal Constitucional provocó que el pasado mes de junio se presentara una querella contra tres expresidentes del Constitucional y un exmagistrado por supuesto retardo malicioso en resolver el asunto. El Tribunal Supremo la archivó.
Además, un grupo de 20 diputados y exdiputados de entre los que recurrieron ante el Constitucional la Ley del aborto, presentaban una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) contra el TC por "retrasar injustificadamente" su pronunciamiento sobre dicho recurso. Según dichos exdiputados, el TC está "violando" lo previsto en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que garantiza "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".