El Instituto Lacetània de Manresa es el primer centro educativo de Cataluña que ha manifestado por escrito su intención de no acatar la sentencia que dicta que un 25% de la enseñanza se debe impartir en español. Así lo ha puesto de manifiesto la entidad Hablamos Español, que lleva el caso de un padre que pidió el pasado 17 de diciembre al referido centro que cumpliera con la resolución judicial.
La dirección del instituto rechazó la petición del padre en los siguientes términos: "El instituto sigue las indicaciones que el Departamento de Educación marca al respecto. Por eso resuelvo seguir con los criterios lingüísticos hasta ahora aplicados en el centro". El texto, remitido el 22 de diciembre, llevaba la firma del director, Francesc Delis, y de la secretaria del instituto y un membrete de la Generalidad. El centro dice basar su política lingüística en "la normalización del catalán como lengua de aprendizaje y de relación".
Esta es la primera prueba escrita de un instituto dispuesto a incumplir el fallo judicial. El centro, según informa El Mundo, propone al padre que recurra a los Servicios Territoriales de Educación, una recomendación que ha desestimado. Prefiere que sea la entidad Hablamos Español la que se encargue de defender sus derechos.
La Generalidad tiene hasta finales de febrero para acatar la sentencia e introducir un 25% de español en el horario lectivo, pero de los pasos dados hasta ahora por la administración autonómica se infiere que el cumplimiento del fallo es la última de sus opciones. De entrada, el Govern ha acordado facilitar la defensa jurídica de los directores y docentes que se nieguen a cumplir el fallo judicial. También amenaza con acciones "legales, administrativas y políticas" a quienes denuncien la aplicación de los dogmas separatistas en las escuelas, como el sistema de la inmersión lingüística. Además, acaba de arbitrar un "Pacto Nacional por la Lengua" con los partidos separatistas, la versión catalana de Podemos y el propio PSC con el objetivo de blindar la inmersión e impedir la aplicación de la sentencia.
En paralelo, entidades como la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que preside Ana Losada, o la mencionada Hablamos Español ya han avanzado que están dispuestas a pleitear con la Generalidad para que se cumpla la sentencia aunque carezcan del apoyo del ministerio de Educación, que de momento mira para otro lado.