El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tumbado este viernes la propuesta de informe al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El informe había sido elaborado por el vocal progresista del CGPJ y exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital aseguran que el borrador de Álvaro Cuesta ha sido rechazado por 15 votos a 6 y por tanto, se ha acordado designar nuevos ponentes del mismo a los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
El informe del vocal progresista recogía unas consideraciones generales favorables al considerar el anteproyecto de ley como "un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda", que la Constitución recoge en su artículo 47.1.
La propuesta de informe, de 98 páginas, sostenía también que el texto del anteproyecto pretendía garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen atribuidas las comunidades autónomas.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que la mayoría de los vocales del CGPJ "no compartían la conclusión del informe sobre el título competencial. Es decir, sobre si el Estado puede legislar en este asunto o es competencia de las Comunidades Autónomas".
"Esta cuestión impregnaba múltiples cuestiones que exigen reelaboración. Tampoco se estaba de acuerdo con el carácter de derecho subjetivo del derecho a la vivienda", añaden.
El informe rechazado resaltaba que la nueva ley de vivienda ha de convivir con la numerosa legislación autonómica dictada en materia de vivienda, y que, con el proclamado carácter básico, había de servir de parámetro de constitucionalidad de la normativa autonómica.
Recordamos que el informe que apruebe finalmente el Pleno del Consejo del CGPJ tras rechazar el de Álvaro Cuesta será preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo.
Las alegaciones estimadas
El Pleno del CGPJ ha estimado las alegaciones, convertidas en enmienda a la totalidad, formuladas por el vocal Enrique Lucas. Lucas señalaba en sus alegaciones las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º.
El autor de la enmienda advertía de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, la cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".
El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, "que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales".