La nueva presidenta del Tribunal de Cuentas propuesta por el PSOE, Enriqueta Chicano, está realizando una "purga" en dicho tribunal con más de 70 ceses en las últimas semanas, tras el pacto de renovación alcanzado el pasado mes de noviembre entre socialistas y populares.
Fuentes del tribunal consultadas por Libertad Digital denuncian que Enriqueta Chicano "está reestructurando el tribunal para ponerlo al servicio del PSOE". "Desde noviembre se ha cesado a un 10% de la plantilla, principalmente a los auditores y letrados encargados de las fiscalizaciones. Los funcionarios más afectados por la purga son los de los Cuerpos de otras Administraciones que trabajan en el Tribunal de Cuentas y entre los que existe una gran indignación. Algunos departamentos han sido reestructurados al 90% y se ha eliminado uno, pasando de 7 a 6 con el objetivo de concentrar todo el poder. También se ha cesado a personal de confianza", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que tras la purga en el Tribunal de Cuentas, "el PSOE pasa a controlar en el tribunal la cuenta General del Estado, es decir la del Gobierno de Pedro Sánchez. También la Seguridad Social, los Ministerios económicos y se ha creado un super departamento de Presidencia de Fiscalización que está en manos de la otra consejera que ha mantenido el PSOE, Dolores Genaro. Además, la fiscalización de las Comunidades Autónomas ha quedado en manos del consejero propuesto por Podemos Luis Antonio de Padua Ortiz de Mendivil Zorrilla".
Cabe destacar que el pacto alcanzado por socialistas y populares en noviembre supuso la renovación de 10 de los 12 consejeros del tribunal. Concretamente, salieron los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubrió la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se han mantenido son las propuestas en su día por los socialistas: Enriqueta Chicano (nueva presidenta) y Dolores Genaro (Presidencia de Fiscalización).
Además, el que fuera fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, era designado consejero del Departamento de Fiscalización de Entidades Locales, y su cargo era ocupado por el fiscal de la Unión Progresista de Fiscales UPF, Manuel Martín-Granizo, por decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
En el ‘golpe’ al Tribunal de Cuentas pactado por PSOE y PP, fue clave el cese de la que fuera ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante. Esta magistrada se iba a encargar de enjuiciar el citado caso de el 1-O y su "acción exterior". Tras la renovación, Mariscal de Gante era sustituida por Elena Hernáez, expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y propuesta como nueva consejera de este órgano por el Partido Popular.
El PP "desactivó" el Tribunal de Cuentas
Tal y como publicó este diario, el Partido Popular "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior".
El líder del PP, Pablo Casado, "tuvo conocimiento" de que la instructora de esta causa en el citado tribunal, Esperanza García, iba a rechazar los avales de la Generalidad para cubrir a los golpistas. Por ello, el líder popular "aceleró la negociación" y el 13 de octubre, ofreció en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovar los órganos constitucionales. Desactivar al Tribunal de Cuentas era una exigencia de ERC para pactar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno. Fuentes del PP consultadas por este diario afirmaron entonces que esta información era "falsa".