Nueva sentencia a favor de un 25% de español en el sistema educativo catalán

Ya son ocho los planes lingüísticos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en poco más de doce meses. El último, el correspondiente al Instituto Ramón Barbat de la población tarraconense de Vila-seca. El plan de estudios de este centro contemplaba la enseñanza en catalán, en inglés y hasta en alemán, pero no en español. Como en los casos precedentes, la denuncia de una familia vehiculada a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad dirigida por Ana Losada, ha dado al traste con la marginación del castellano en el referido instituto.

Como en anteriores fallos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC avala el derecho del alumno "junto con sus condiscípulos, en el colegio y curso en el que sigue sus estudios, a una enseñanza que incluya el castellano como lengua vehicular, en proporción razonable, que en defecto de su concreción por la administración demandada se fija en un 25% de las horas lectivas, para lo que deberá efectuarse la adecuación del proyecto lingüístico".

La resolución judicial destaca que en el proyecto lingüístico elaborado por el instituto "el catalán es la lengua de uso habitual, y aunque se contempla la lengua inglesa y alemana, no existe previsión de utilización del castellano". El texto resalta que la autonomía de los centros reconocida por la ley catalana de educación no impide que la Generalidad adecúe el proyecto educativo "para que refleje el uso vehicular de ambas lenguas oficiales en los términos establecidos en la sentencia".

La decisión ha trascendido el mismo día en el que la Generalidad ha anunciado una ofensiva contra quienes reclamen el 25% de las clases en español. Según explicó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, el ejecutivo autonómico ha aprobado un acuerdo sobre la "defensa del catalán" por el que se "protegerá con todos los medios a las personas que ejercen en los centros educativos, al personal docente ante cualquier ataque ilegítimo que puedan sufrir". También dijo que "se continuarán exigiendo responsabilidades por la vía que corresponda, sea la política, la penal o la administrativa, a todas aquellas personas o entidades que ataquen a colectivos o a personas individuales por el simple hecho de defender y promover el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones".

Comunicado de Por una escuela de todos

En relación a estas amenazas, la plataforma Por una escuela de todos, integrada por entidades a favor del bilingüismo, ha emitido una nota en la que denuncia la politización de los claustros y los consejos escolares: "Según el comunicado de prensa del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en su sesión de 4 de enero de 2021 ha aprobado un acuerdo destinado a la defensa del catalán, de la escuela catalana, de toda la comunidad educativa y de la cohesión social de Cataluña. Según la nota informativa, plagada de palabrería y de apelaciones épicas, el Gobierno catalán traslada la responsabilidad del incumplimiento de las normas y de las resoluciones judiciales a los empleados públicos a los que el Gobierno pretende garantizarles su seguridad jurídica con la apelación al principio de indemnidad. Al mismo tiempo, aprovecha el comunicado para advertir de que exigirá responsabilidades de todo tipo (políticas, penales....) a las personas o entidades que ellos consideren que atacan a otras personas o colectivos por la defensa y el uso del catalán".

La plataforma Por una escuela de todos considera además que "es desolador que el Gobierno catalán trate de amparar a los desobedientes y vierta amenazas de represalias sobre los que denuncien las irregularidades. Dicho lo anterior, no nos arredramos y por ello consideramos conveniente advertir sobre las graves disfunciones democráticas que se aprecian en el funcionamiento del propio Gobierno de la Generalidad y en el caso que ahora nos ocupa, de los órganos colegiados de algunos centros educativos catalanes".

Por una escuela de todos denuncia también que "en las últimas semanas, varios claustros y consejos escolares de centros educativos de Cataluña han adoptado mociones críticas con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre de 2020 que establece la necesidad de que todos los alumnos catalanes reciban un mínimo de un 25% de la enseñanza en castellano. En algunas de esas mociones se acuerda de manera expresa desobedecer la mencionada sentencia y mantener los proyectos lingüísticos de centro que excluyen el español como lengua de aprendizaje. El debate y aprobación de estos manifiestos en los claustros y consejos escolares no solamente es ilegal, sino que supone la quiebra de principios democráticos básicos y supone la instrumentalización de la administración pública, una inadmisible presión sobre los profesionales de la enseñanza y la utilización política de los menores".