La portavoz del Govern catalán, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes que el ejecutivo autonómico ha aprobado un acuerdo sobre la "defensa del catalán" por el que se "protegerá con todos los medios a las personas que ejercen en los centros educativos, al personal docente ante cualquier ataque ilegítimo que puedan sufrir". "Se debe saber -insistió Plaja- que la administración de la Generalidad pondrá los servicios de asesoramiento, de representación y de defensa jurídica siempre a su servicio, como ya se está haciendo".
A continuación, apuntó que "se continuarán exigiendo responsabilidades por la vía que corresponda, sea la política, la penal o la administrativa, a todas aquellas personas o entidades que ataquen a colectivos o a personas individuales por el simple hecho de defender y promover el uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones". Es decir, que la administración autonómica no sólo no defenderá los derechos de las familias que pidan clases en español para sus hijos sino que pleiteará contra quienes exijan el cumplimiento de las sentencias lingüísticas que indican que al menos el 25% del horario lectivo en los centros públicos de enseñanza debe ser en español.
El gobierno regional de Cataluña parte de la premisa de que la denominada "escuela catalana" es un "modelo de éxito" que garantiza el conocimiento oral y escrito tanto del catalán como del español y alega el supuesto consenso político y social al respecto. Es más, la portavoz del Govern asegura que tal consenso es "clamoroso en la calle, en la sociedad catalana, que crece y se hace grande en sentido literal y figurado bajo el paraguas de este modelo de escuela catalana del que tan orgullosos estamos".
Supuestos ataques judiciales
Plaja también señaló que tal modelo ha sido "clave" para la cohesión social y ha denunciado que "diversas actuaciones políticas y judiciales han puesto en cuestión nuestro modelo". "Hay quien intenta destruirlo, pero no lo conseguirán", abundó. Según esta portavoz, el sistema de inmersión lingüística "tiene el aval de los expertos y también de Europa, pero debido a estos ataques la lengua catalana está lejos de estar plenamente normalizada". Así, citó que sólo el 7% de las sentencias se emiten en catalán o que hay instituciones del Estado a las que los ciudadanos de Cataluña, según dijo, no pueden dirigirse en catalán. De ahí, insistió, la necesidad de "seguir impulsando y promoviendo actuaciones para garantizar tanto su protección como el uso social del catalán".