Expertos jurídicos conocedores del caso consultados por Libertad Digital denuncian que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, "pasa por alto de forma torticera" los indicios de abusos sexuales al hijo de Juana Rivas de la juez instructora y de la Audiencia Provincial de Granada". Tanto la instructora como la Audiencia archivaron la causa provisionalmente por no encontrar al autor, pero nunca descartaron la agresión sexual al menor.
La Fiscalía anunció este viernes en un comunicado que recurría ante la Audiencia de Granada el auto del titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, Manuel Piñar, que rechazó conceder la libertad a Juana Rivas, tras el indulto parcial concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tal y como desveló este diario, los fiscales de Granada invocaron entonces el artículo 25 del estatuto fiscal en su escrito para constatar que Delgado les ordenó avalar la libertad de la condenada, en contra de su criterio.
El Ministerio Público aprovechaba su comunicado para atacar al juez Piñar: "La Fiscalía entiende que las valoraciones y apreciaciones realizadas en el auto recurrido son puramente personales. No ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento —no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión—, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a la Sra. Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno".
Los expertos jurídicos consultados por LD destacan "la falsedad y desconocimiento legal que exhibe la fiscal general del Estado en su comunicado. Los únicos profesionales capacitados y habilitados legalmente para examinar físicamente las lesiones a un menor son los médicos y los forenses, y los únicos órganos cualificados por Ley y por la Constitución para determinar si hay o no indicios delictivos son los Juzgados de la jurisdicción penal, porque son los que tienen competencia objetiva para ello".
"No la Guardia Civil, ni una ONG", añaden, "que bajo ningún concepto pueden examinar al niño y que no tienen competencia para establecer si un hecho presenta indicios delictivos". Recordamos que Juana Rivas pidió el archivo definitivo del presunto caso de abusos sexuales a la juez y a la Audiencia de Granada, aludiendo a un informe de la Guardia Civil basado en testimonios y a un segundo informe de una ONG que realiza periciales, pero que en ningún momento examinaron físicamente al menor.
"El juzgado de Instrucción nº 2 de Granada apreció indicios delictivos, pero la investigación encargada a la Guardia Civil no pudo descubrir al autor y por eso acordó el sobreseimiento provisional de un hecho con indicios delictivos, pero con autor desconocido, a la espera de reabrirlo si hubiera nuevos datos que llevarán a identificar al autor", apuntan.
"La madre recurrió porque quería sobreseimiento libre, es decir, que se considerara que no había delito, en contra de la facultad del Juzgado que sí lo apreciaba. No se tiene conocimiento en los anales de la Justicia en que una madre pida archivar un hecho tan grave en lugar de promover que se investigue. La Audiencia Provincial de Granada acoge la interpretación de la juez de Instrucción, y no la corrige, es tan farsante como tendenciosa esa apreciación. Además, la propia Audiencia recrimina a la madre que haya pedido el archivo definitivo por la propia seguridad del menor, el mismo concepto que usa el juez Penal", afirman.
Sobre las acusaciones de la Fiscalía General en su comunicado al juez Piñar por hacer "valoraciones personales" sobre el caso, las mismas fuentes recuerdan que "el artículo 80 del Código Penal permite a los jueces valorar una serie de parámetros y valorar supone sacar conclusiones de hechos acreditados, en este caso, los indicios de abusos sexuales fijados por los órganos jurisdiccionales competentes. La Fiscalía General usa su poder privilegiado de forma inadecuada y excediéndose, con grave ignorancia, para poner en entredicho al juez Piñar, pues valorar supone poner puntos de vista personales extraídos de los hechos. Los difusores de la nota de la Fiscalía General muestran un conocimiento muy deficiente de lo que es la actividad Jurisdiccional".
"Es absolutamente tendencioso que una fiscal hable de consideraciones personales a una actividad jurisdiccional que siempre conlleva de forma ineludible la valoración de hechos. Delgado adolece de falta de conocimientos mínimos para su cargo. Una cosa es no compartir argumentos y otra decir que los que no te gustan son personales porque todo argumento al fin y al cabo es personal, incluidos los suyos", sostienen.
Cabe destacar que la Fiscalía también aseguraba en su comunicado que la defensa del exmarido de Rivas, Francesco Arcuri, había solicitado también al juez Piñar "la libertad" de Juana Rivas. Sin embargo, en las actuaciones consta que el letrado de Arcuri no se opuso a la suspensión de la pena solicitada porque reunía los requisitos legales, sin pedir en ningún momento la libertad para la condenada.
La Fiscalía "intoxica a la opinión pública"
En este contexto, los expertos jurídicos manifiestan a LD que "es inaceptable que la Fiscalía General intoxique a la opinión publica sabiendo la veracidad de los hechos de fondo, uniéndose con aquiescencia del Gobierno, que ni la desautoriza ni la destituye, al tocar a un poder del Estado".
"El Poder Judicial", continúan, "no debería permanecer inerte ante tan grave como ilegal actuación de la Fiscalía porque lo que subyace tras esto es dar un aviso a navegantes, para que la judicatura tome nota de lo que puede ocurrir a cualquier juez que trate de hacer su trabajo con independencia. El Ejecutivo de PSOE y Podemos quiere cargarse la legalidad y someter la convivencia a una serie de dictados ideológicos y políticos al servicio de sus fines".
Reapertura de la causa de abusos
Los citados expertos jurídicos señalan a este diario que "si Delgado tuviera dignidad debería dimitir, lo mismo que la ministra de Justicia Pilar Llop pues deben saber que los presuntos abusos a niños tan pequeños, siempre tiene lugar por personas que tienen acceso a ellos y por tanto, meter al menor en el entorno de la madre es exponerlo al peligro de que vuelva a reencontrarse con el presunto autor. Eso es lo que se lee entre líneas en el auto del juez Piñar de Granada. No les importa nada el niño ante la demostración de que se debe hacer su voluntad política".
"Por seguridad del menor y en salvaguarda de otros que en el futuro pudieran ser también víctimas del presunto abusador, sería aconsejable que la Fiscalía General diera instrucciones de reabrir la causa que no ha prescrito, en lugar de cargar contra un juez. Se debería tomar declaración a todas las personas que estuvieron esos días con el menor", concluyen.