Aragonès anuncia una ofensiva de comisarios lingüísticos para torpedear el 25% de español en las escuelas

El gobierno de la Generalidad toca a rebato y anuncia un ingente despliegue de medios humanos y jurídicos para blindar la inmersión lingüística o, dicho de otro modo, impedir la implantación de un mínimo 25% de clases en español. Tras una reunión con sindicatos y entidades del entramado separatista, el presidente autonómico, Pere Aragonès, aseguró que el cuerpo de inspectores de la Generalidad intensificará las tareas de vigilancia y supervisión de los proyectos lingüísticos que excluyen el español.

El episodio de Canet de Mar, donde una familia ha sido objeto de insultos, amenazas y acoso por pedir clases en español para su hijo de cinco años, ha sido la espoleta utilizada por el Govern para declarar el "estado de emergencia" lingüístico. Según la tesis separatista, hay una supuesta ofensiva coordinada de los poderes del Estado contra el modelo escolar de Cataluña, una presunta guerra contra el idioma catalán y es deber de la Generalidad plantar cara.

La familia de Canet fue elegida como cabeza de turco. Ahora, los inspectores de la consejería de Educación o entidades como "Plataforma per la Llengua" tienen vía libre y carta blanca para imponer su ley en las aulas y los patios. Acostumbrado al lenguaje grandilocuente, Aragonès afirmó: "Es ahora o nunca, nos jugamos el futuro de Cataluña".

El cuadro de la Generalidad es que el catalán es básico para la cohesión social. "Si somos un país vivo y dinámico, es gracias a la lengua. Todo ataque a la lengua es un ataque a los pilares de la convivencia. Por eso no solo nos jugamos el futuro de la lengua, nos jugamos el futuro de Cataluña como los hemos entendido hasta ahora", afirmó el dirigente separatista.

A su espalda, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, el encargado de activar todas las alarmas, el hombre que se paseó por Canet en apoyo a la escuela de la familia disidente y el mismo tipo que mientras clamaba por la desobediencia ordenaba a ese centro aplicar sin reparos la cautelar del 25% de español impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Las hijas del consejero

Se trata del mismo consejero que envía a sus hijas a un colegio donde no rigen las estrictas normas lingüísticas de la Generalidad, un centro donde el 25% de las clases son en español y se enseña en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés o alemán, a elegir por los padres, según desvela El Confidencial. Es una historia harto conocida. Los hijos de los políticos que enarbolan la inmersión lingüística como "modelo de éxito" se educan en centros concertados o privados que rechazan la inmersión en favor de sistemas que respetan la pluralidad lingüística y el derecho a una formación en las dos lenguas oficiales, español y catalán.

Las hijas del consejero acuden al centro Frederic Mistral, una escuela que acentúa su modelo plurilingüe, absolutamente ajeno al sistema que los sucesivos gobiernos de la Generalidad han impuesto sin matices