El fiscal de Granada invocó el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para constatar por escrito la orden de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el caso sobre Juana Rivas.
El pasado viernes, el titular del Juzgado nº 1 de lo Penal de Granada, Manuel Piñar, rechazó suspender la pena pendiente de Rivas tras ser indultada parcialmente por el Gobierno de Pedro Sánchez, revelando el presunto caso de abusos sexuales a su hijo de 3 años bajo su custodia. Dicha suspensión de la pena fue avalada previamente por la Fiscalía de Granada, en contra de su criterio, tras recibir órdenes directas de Delgado.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la Fiscalía de Granada respaldó la suspensión de la pena a Juana Rivas "por instrucción particular de la fiscal general del Estado". De hecho, para dejar constancia de la orden de Delgado, el fiscal invocó el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su escrito remitido al juez Piñar.
Dicho articulo establece que "el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. El fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes".
"Cuando un fiscal no está de acuerdo con una orden del fiscal general del Estado puede invocar el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o bien el artículo 27, que es más polémico y requiere la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para resolver el incidente. Los fiscales de Granada no estaban de acuerdo con la imposición de Delgado y por eso, han invocado el artículo 25, para dejar constancia de que han recibido órdenes expresas de la fiscal general sobre una decisión que no comparten", añaden.
"Antes de que el juez Piñar denunciase el presunto caso de abuso sexual al hijo de Juana Rivas, se filtró que la Fiscalía iba a avalar la suspensión gracias a la intervención de Delgado para apuntarse el tanto. Tras el auto del juez Piñar, desde la Fiscalía se ha intentado negar que la fiscal general del Estado diese la orden", denuncian.
Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que "el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Es decir, la Fiscalía actúa unitariamente y Delgado debía saber en primera persona que había una investigación sobre los abusos al hijo de Juana Rivas y posiblemente, por eso los fiscales de Granada no querían suspender la pena. Delgado ha forzado un caso para hacer propaganda de la ideología de género del Gobierno".
"El artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal apunta que una de las funciones de la Fiscalía es proteger a los menores y la fiscal general en este caso ha priorizado su ideología. Además, es un hecho gravísimo que el Ministerio de Justicia o la Fiscalía ocultasen al Supremo la investigación de los abusos al hijo de Juana Rivas", concluyen.
Tal y como desveló LD, el juez Piñar elaboró en julio un informe sobre el caso de presuntos abusos sexuales al hijo de 3 años de Juana Rivas para que formase parte del expediente sobre su indulto que elaboraba el Ministerio de Justicia de Pilar Llop. Sin embargo, dicho informe nunca fue enviado al Tribunal Supremo.
Fiscalía niega la orden, el juez la acredita
Fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por este diario niegan que Delgado "ordenase" a los fiscales avalar la suspensión de pena de Juana Rivas. "Tuvo lugar una reunión y se impuso el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo que jerárquicamente está por encima de la Fiscalía de Granada. Se consensuó la decisión y Delgado no ordenó a los fiscales de Granada".
Sin embargo, esta versión oficial de la Fiscalía General es desmentida por lo hechos, ya que los fiscales de Granada invocaron el artículo 25 del estatuto para dejar constancia de la orden expresa de Delgado y el propio juez Piñar la reflejó textualmente en su auto: "El interés y seguridad de los menores aconseja que la madre no tenga plena libertad para moverse con ellos, contrariamente a lo que opina la defensa y el fiscal por imposición de la Fiscalía General del Estado".