La Audiencia Provincial de Granada recriminó con contundencia a Juana Rivas que solicitara el archivo definitivo del caso sobre los abusos sexuales a su hijo de 3 años. La causa se inició en abril de 2017, después de que las profesoras de la guardería instaran a la madre a llevar al hospital al menor, donde le hicieron una revisión y dieron traslado al Juzgado.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada llegó a acreditar el abuso sexual al menor, pero no logró encontrar al autor de la "infracción penal" y archivó provisionalmente la causa a la espera de nuevos indicios. Sorprendentemente, Juana Rivas solicitó el archivo definitivo que no permitiría nunca su reapertura. El Juzgado rechazó esta pretensión y Rivas acabó recurriendo ante la Audiencia Provincial de Granada buscando el carpetazo total de la investigación.
En el auto del 23 de marzo de 2018, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada reprocha a Juana Rivas su petición de archivo definitivo (sobreseimiento libre): "Hemos de desestimar con rotundidad, la petición principal, que solicita la madre del menor, de todo punto improcedente".
"No solo", añade el auto, "porque las conclusiones periciales del Instituto de Medicina legal, afirman que no se puede descartar una agresión sexual en el menor arriba reseñado, ni tampoco porque de haberse acreditado la realidad del hecho investigado, desde luego no sería en absoluto nada irrelevante penalmente y ello excluye toda posibilidad de sobreseimiento libre que tan infundadamente se postula en el recurso en decisión, no solo contraria a derecho, sino a los intereses en protección e indemnidad del menor que ya quedó reseñado".
Cabe destacar que el archivo provisional (sobreseimiento provisional) permite reabrir el caso de los abusos sexuales si el hijo de Juana Rivas recuerda algo más de los sucedido antes de cumplir los 18 años. Una posibilidad que se hubiera extinguido si la Audiencia Provincial de Granada hubiera aceptado el archivo definitivo (sobreseimiento libre) solicitado por su propia madre.
El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, Manuel Piñar, que desvelaba este caso de presuntos abusos sexuales al negarse a suspender la pena pendiente a Juana Rivas, arrojaba datos muy significativos en su auto: "Este Juzgado ya emitió el parecer sobre el peligro que para los hijos representa la acusada en un informe contrario al indulto y ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación".
Piñar explicaba en su auto que "no se trataba de un niño que, por su edad, sale a jugar o vuelve del colegio y es abordado y abusado, sino de uno de muy pocos años que deber ser controlado y vigilado en todo momento porque no puede valerse por si mismo. La cuestión entonces es ¿dónde metió la penada a su hijo menor para que fuera víctima de tan atroz atropello? ¿Qué hizo para vigilarlo?".
Delgado ordenó pedir la libertad de Rivas
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ordenó a la Fiscalía de Granada, en contra de su criterio, pedir la libertad de Juana Rivas tras haber mediado en su favor cuando era ministra de Justicia con el PSOE.
Una orden dada con completo conocimiento por parte de la propia Fiscalía y del Gobierno de Pedro Sánchez del caso de presuntos abusos sexuales al hijo de 3 años de Juana Rivas, ya que éste "figuraba en el mismo procedimiento y en el informe del indulto", según aseguran fuentes del caso consultadas por este diario.
La imposición de la fiscal general levantaba una gran polvareda en el seno del Ministerio Público porque Delgado envió en agosto de 2019 una carta a su entonces homólogo italiano, Alfonso Bonafede, para interceder en favor de Juana Rivas y trasladarle la preocupación de ésta. Es decir, intervino en el caso como ministra de Justicia, primero, y luego como fiscal general, a pesar de que debía abstenerse en la causa.