El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha declarado una guerra lingüística. Tras las amenazas e insultos recibidos por la familia de Canet de Mar (Barcelona) que ha logrado que en un curso de P5 se dé el 25% de las clases en español, los separatistas tratan de limpiar la mala imagen que proyectan recurriendo a una de sus grandes especialidades, el victimismo.
Así, tras amenazar e insultar a la referida familia, primero niegan el acoso para acto seguido asegurar que la lengua catalana están en peligro y que el Estado, con el Gobierno y los jueces, ha emprendido una campaña para exterminar el catalán. Ese sería el marco de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avalada por el Tribunal Supremo para que los colegios catalanes impartan un 25% de sus clases en español.
El separatismo ha mostrado en estos últimos días su verdadera cara y ahora trata de restañar su imagen con un contraataque que revierta los destrozos causados por el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (de ERC) y el Govern de coalición. Y el primero en ponerse al frente de esa manifestación es Puigdemont, al que todavía algunos consideran el presidente "legítimo" de la Generalidad.
En un hilo de mensajes en Twitter, Puigdemont trata de tapar el linchamiento en redes y en medios separatistas sufrido por la familia de Canet de Mar y propone "pasar a la acción" porque "quienes tenemos más a ganar somos los catalanoparlantes". Según su tesis, "la actitud de bajar el grado de exigencia no ahorra las campañas agresivas y xenófobas contra los hablantes de una lengua minorizada. El Estado y el Gobierno españoles protegen sólo a los hablantes de la lengua fuerte que no corre ningún peligro".
L’actitud de baixar el grau d’exigència no estalvia les campanyes agressives i xenòfobes contra els parlants d’una llengua minoritzada. L’Estat i el Govern espanyols protegeixen només els parlants de la llengua forta que no corre cap perill.
— Carles Puigdemont (@KRLS) December 10, 2021
Y a partir de ahí desgrana que el Estado nunca ha defendido a los catalanohablantes y que "el derecho de opción lingüística se debe respetar para todos, castellanohablantes y catalanohablantes. Los que tenemos más a ganar somos los catalanohablantes porque nuestra lengua es ignorada sistemáticamente en ámbitos donde la ley dice que debería ser respetada".
Supremacismo
Acto seguido y en un in crescendo de supremacismo propone "pasar a la acción" porque "las campañas en contra las tendremos siempre". "Tenemos leyes que debemos utilizar para hacer valer nuestros derechos lingüísticos. Es necesario que todo el mundo cumpla la ley y quien no lo haga, que asuma las consecuencias. ¿Era eso no?", concluye en tono irónico el penúltimo mensaje.
En el último, asegura que "habrá que dar trabajo a la administración y a los juzgados y acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando sea necesario. Todo incumplimiento de las leyes que obligan a atender en catalán debe tener consecuencias porque la nuestra es una lengua minorizada y amenazada y debe ser objeto de especial respeto y protección".