El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una providencia en la que ordena al consejero de Educación de la Generalidad, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la dirección del colegio Turó del Drac (Cerro del Dragón) que adopten las "medidas necesarias para presentar la protección e intimidad" del menor y los padres que han conseguido un 25% de clases en español. También ordena el TSJC a los citados que garanticen "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".
La providencia obedece a un escrito de la familia en el que solicitaban amparo al TSJC ante el aluvión de amenazas e insultos recibidos en las redes sociales y en un grupo de telefonía móvil de un grupo de padres del centro.
También responde a la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de trasladar la manifestación separatista convocada para esta tarde a la salida de clase.
"Corresponde requerir al Consejero de Educación y al director o directora del centro educativo el Turó del Drac de Canet de Mar, a los efectos de adoptar las medidas necesarias para preservar la protección y la intimidad del menor y del recurrente, así como la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo", dicta el texto judicial, que fue notificado al consejero Gonzàlez-Cambray ayer jueves, después de que éste acudiera al centro educativo para dar apoyo a la dirección del centro y a los padres que han acosado a la familia denunciante.
La Generalidad ha escogido el centro Turó del Drac como campo de pruebas del apartheid lingüístico y como ejemplo disuasorio para los padres que se atrevan a pedir clases de español para sus hijos a raíz de la resolución el Tribunal Supremo que confirma una sentencia del TSJC que obliga a todos los centros de Cataluña a impartir un 25% de clases en español.
En los últimos días, los padres de Canet que han pedido y conseguido más horas de español han sido víctimas de una dura campaña de acoso y señalamiento por parte del separatismo con mensajes en redes en los que se animaba a dejar sólo al niño en clase o a apedrear el domicilio familiar. Todo ello sin que el consejero de Educación ni ningún otro saliera en defensa del menor.
