El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, ha considerado que no procede suspender la pena de prisión impuesta a Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) condenada por sustracción de menores, pese a que el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial.
Según el juez, conceder la plena libertad a Juana Rivas podría representar un "grave peligro para sus hijos", por lo que descarta la medida para no ser partícipe de esa eventualidad.
En el auto, al que ha tenido acceso EFE, Piñar recuerda que los artículos que regulan la suspensión de la pena "facultan pero no obligan" a suspenderla, tras lo que determina que no ha lugar a conceder a Rivas el "beneficio" de suspender la ejecución de su condena de cárcel.
"En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer", mantiene el juez, que incide también en "el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre", apuntando algo que hasta ahora se había ocultado como supuestos "indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia".
"Este juzgado ya no sabe cómo hacer que llegue al conocimiento de los restantes tribunales, y por supuesto del Gobierno, que estando los hijos bajo el cuidado y custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, un forense y manifestó el propio menor. Mientras tanto, al poco de constatarse estos hechos, la madre oculta a los niños, precisamente en el momento en que la presencia del menor era esencial para la investigación. Sobre este hecho se ha echado tierra encima y se ha soslayado su trascendencia, bajo la apariencia de ser la penada una víctima de un maltratador, cuando después de la única condena habida, se reconcilia, concibe otro hijo sin que haya habido ningún episodios acreditado de maltrato".
Para el magistrado, "la ausencia de arrepentimiento y la posterior repetición de la misma conducta indica una predisposición a cometer nuevamente el mismo delito".
Tras la concesión del indulto parcial, la defensa de Rivas, que ejerce el despacho Aránguez Abogados, en escrito de 19 de noviembre, solicitó la suspensión de la pena que le resta por cumplir en el centro de inserción social Matilde Cantos de Granada. Este viernes, en una nota de prensa, esta parte ha criticado la decisión del juez, que ha dicho que está basada "en tres mentiras" incidiendo en que la falta de arrepentimiento de la madre de Maracena es algo "falso".
Querella contra el juez
Además, el abogado Carlos Aránguez agrega que "acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro mas enérgico reproche", y ha anunciado que en breve su equipo presentará una querella criminal contra Piñar por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial y calumnias.
El auto del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, contra el que cabe recurso, señala también que la acusación particular, que ejerce el padre de los niños, Francesco Arcuri, en escrito de 29 de noviembre, no se opuso a la petición de la defensa, mientras que "el Ministerio Fiscal en escrito de 7 de diciembre de 2021, no se opuso por expresa imposición de la Fiscalía General del Estado impartida mediante instrucción particular y expresa".
Intervención de la Fiscalía
El juez de lo Penal número 1 de Granada ha desatendido a la fiscal del caso de Juana Rivas que según han publicado varios medios iba a pedir la suspensión de la pena de prisión que le quedaba por cumplir a esta vecina de Maracena (Granada) tras una reunión del alto nivel encabezada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para aplicar el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros.
El Gobierno concedió el indulto parcial a Rivas -que cumple condena en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos de Granada- después de que fuera condenada en firme a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido.
Con esta medida de gracia se rebajó la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad fueron conmutados por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
Para formar criterio en la aplicación del indulto parcial, la Fiscalía impulsará la suspensión de la pena de prisión como así se acordó tras una reunión en la sede de la Fiscalía General al más alto nivel presidida por Dolores Delgado.
Asistieron el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, los fiscales de Sala Violencia de Género y Menores, Teresa Peramato y Eduardo Esteban, respectivamente; la fiscal jefe de Andalucía, Ana Tárrago, el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, y el fiscal del Supremo que emitió el informe sobre el indulto.
Allí se acordó pedir la suspensión de la pena que le resta por cumplir, unos meses, atendiendo al interés de los menores, explican las fuentes que recuerdan que Rivas cumplen los requisitos para esa suspensión: tener una condena inferior a dos años, no tener antecedentes penales y tener satisfechas las responsabilidades civiles.
El abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, solicitó ya al juez la suspensión de la pena de cárcel que le queda pendiente y que aún sigue cumpliendo esta vecina de Maracena tras el indulto parcial.
"El mismo juez que solo tardó siete horas en dictar una severísima condena de cinco años de prisión contra Juana lleva 17 días estudiando una petición de suspensión de pena que cumple todos los requisitos del Código Penal", denunció el letrado el pasado día 4.
Los hechos por los que fue condenada ocurrieron en el verano del 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez fue condenado en 2009 por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.