El acoso contra la familia de Canet de Mar que ha pedido en su colegio que se cumpla la sentencia del 25% de escolarización en español ha llegado al límite de que hayan tenido que pedir protección judicial para su hijo.
La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha dicho en La Noche de Dieter que "la familia está calmada y firme en su decisión pero también alucinada ante lo que está viendo con esta escalada de agresividad y de odio sólo porque queremos que nuestros hijos hablen en catalán y castellano".
Ana Losada ha reconocido que desde que hace una semana se destapó esta campaña de hostigamiento la asociación ha recibido muchas más peticiones de ayuda para solicitar la ejecución de la sentencia del TSJC: "En cuatro días hemos recibido el mismo número que en un mes". "Hay personas que esto les ha servido de revulsivo", ha añadido.
La aplicación de las medidas cautelares que obliga a dar ese 25% de clases en castellano no ha sentado muy bien a los colectivos independentistas y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y la CUP han convocado una concentración este viernes a las 16.30 horas, justo cuando salen los niños del colegio.
Ana Losada teme que pueda pasar algo ya que dicha manifestación se produce justo cuando salen los niños del colegio. Ha asegurado en esRadio que la delegación del Gobierno no tiene competencias en este caso y que las lleva el departamento de Interior de la Generalidad, "que está notificado por carta desde este miércoles y de momento no hemos tenido contestación y no sabemos si van a reaccionar antes de que se produzca la manifestación".
De hecho, ha reconocido que no cree que vayan a prohibirla porque "al final los que tienen que quitar el permiso son los mismos que están detrás de la manifestación".
También ha mostrado su incredulidad porque el consejero de Educación de la Generalidad, Josep González-Cambray, haya acudido al colegio "para apoyar a quienes impiden que ese niño y los demás de puedan estudiar en español". "En Cataluña vivimos en el mundo al revés donde la democracia tiene un nivel muy bajo", ha sentenciado.
Sobre la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez con este caso ha asegurado que "es muy preocupante, hemos tardado muchos días, llevamos desde el viernes pasado con este asunto, en tener alguna reacción por parte del Gobierno. No quiero mezclar pero qué pasaría si hubiera pasado algo con alguien del colectivo LGTBI".
Y ha avisado al Ejecutivo social comunista con una posible sanción por parte de la Unión Europea: "Hay países que están siendo sancionados en la UE por faltar al estado de derecho".