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Una bronca entre partidos da al traste con el nuevo Estatuto de Murcia

El parlamento murciano pide a las Cortes la devolución del texto para evitar las enmiendas de sus ex socios.

Pleno de la Asamblea Regional de Murcia. | Asamblea Regional de Murcia

La Asamblea Regional de Murcia aprobó este jueves una resolución que le faculta para paralizar la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales. La iniciativa partió del Partido Popular y tiene como objetivo evitar la introducción de las enmiendas planteadas en el Congreso por el PSOE y su ex socio de Gobierno, Ciudadanos, los dos partidos que firmaron la fallida moción de censura contra López Miras.

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Tras el fiasco de la moción, socialistas y ciudadanos han aprovechado que el nuevo Estatuto se está tramitando en las Cortes Generales para introducir enmiendas que ponen contra las cuerdas al Gobierno murciano. En una de ellas se pide limitar a dos los mandatos del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, precisamente un requisito que fue eliminado de la normativa autonómica mediante un acuerdo de PP y Ciudadanos cuando eran socios de Gobierno. De aprobarse dicha enmienda en las Cortes, Fernando López Miras no podría presentarse a las próximas elecciones, porque supondría iniciar un tercer mandato al frente del Ejecutivo regional.

La otra enmienda que ha suscitado el rechazo de los populares y los expulsados de Vox y Ciudadanos, en los que se apoya el PP para gobernar, es la obligatoriedad de que todos los diputados expulsados de sus partidos pasen directamente al grupo mixto, lo que devolvería a la candidata fallida de la moción de censura el control del grupo parlamentario de Cs y, en consecuencia, el presupuesto asignado para asesores.

Los diputados de PSOE y Ciudadanos no acudieron a la votación del pleno de la Asamblea en señal de protesta y anuncian que presionarán en el Congreso para que la Mesa rechace la petición de devolución del texto estatutario a Murcia.

El nuevo texto del Estatuto murciano, aprobado por unanimidad a finales de la pasada legislatura por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, introducía la necesidad de aplicar la ideología de género y defendía la llamada memoria histórica, entre otras cuestiones polémicas, que ahora quedarán sin efecto por la bronca desatada entre los mismos partidos que firmaron el texto.

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