La organización Hablamos Español ha denunciado ante la fiscalía de Barcelona al consejero de Educación de la Generalidad catalana, Josep Gonzàlez-Cambray, de ERC, por la circular que envió a todos los centros educativos en la que ordenaba a los directores mantener los planes lingüísticos a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de español en horario lectivo.
"El equipo jurídico de Hablamos Español, entidad presidida por la profesora Gloria Lago, considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto y penado en el art. 404 CP. del Código Penal, que castiga "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria". La prevaricación también se produce cuando grosera y deliberadamente se actúa contra lo resuelto por Sentencia firme", reza una nota emitida por "Hablamos Español" este martes.
Según explica la entidad, en su escrito enviado a los docentes, Gonzàlez-Cambray concluía con esta afirmación: "La escuela en Cataluña, en catalán". Pero aún más grave consideran la instrucción tajante para desacatar la resolución judicial. Según "Hablamos Español", "González-Cambray dice al profesorado que no han de hacer cambio alguno en sus proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia lograda gracias a un recurso de la Abogacía del Estado y les anuncia que contarán con el amparo de la Consejería. La mencionada circular expresa la voluntad inequívoca y arbitraria de abolir ese Estado de derecho en lo que se refiere al derecho a recibir la enseñanza en castellano en Cataluña y por tanto implica violentar los derechos constitucionales de los ciudadanos, plasmados en el art. 24.1 de la CE, que se traducen también, según la jurisprudencia constitucional, en el derecho a que toda sentencia firme obtenida sea cumplida «en sus propios términos»".
De ahí que consideren que el consejero podría haber incurrido en un delito de prevaricación: "Gonzàlez-Cambray, prevaliéndose de su cargo público y plenamente consciente de su injusticia y completa incompatibilidad con el ordenamiento jurídico imparte unas instrucciones abusivas para que no se acate un fallo judicial firme. No cabe mayor prevaricación que quien ocupa las más altas responsabilidades administrativas llame a pisotear al Poder Judicial" apunta la denuncia.
También destaca que "se ordena que se deniegue a los hispanohablantes y a todos aquellos ciudadanos que así lo deseen el poder recibir al menos el 25 % de la enseñanza en español, es decir, se trata de un claro ejercicio de discriminación por razón de lengua, que merece el mayor reproche penal al ejecutarse desde el puesto de máximo responsable educativo de una autonomía".
Dimisiones y purgas en la consejería
Por otra parte, este lunes dimitió la directora de Currículum y Personalización de la consejería, la pedagoga Maite Aymerich, que habría sido la encargada de velar por el cumplimiento de la resolución del Tribunal Supremo. Aymerich, exalcaldesa por ERC de San Vicente dels Horts, localidad donde reside Oriol Junqueras, había mantenido fuertes discrepancias con el consejero Gonzàlez-Cambray. Con su dimisión ya solo queda el propio Gonzàlez-Cambray del equipo montado por el anterior consejero, Josep Bargalló.
El actual responsable del departamento es conocido por su talante autoritario e inflexible, nada dado al debate y la negociación, de modo que la cascada de dimisiones y ceses comenzó nada más tomar posesión del cargo. Ningún alto cargo del anterior equipo de ERC en la consejería ha querido continuar en el cargo.