Cuando todavía no habían sacado los cadáveres de las personas fallecidas de los bajos incendiados en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau ha cargado contra el banco propietario del inmueble en el que el fuego ha matado a cuatro personas, dos de ellas de uno y tres años de edad, de una misma familia. Según Colau, la culpa en general es de la cantidad de antiguas sucursales bancarias que han quedado abandonadas. En particular y en este caso, la responsabilidad, siempre según la versión de la alcaldesa, sería de la entidad, de la que Colau ha afirmado que abandonó Barcelona hace unos años.
La alcaldesa también ha querido descartar cualquier acusación de abandono por parte del Ayuntamiento al asegurar que los servicios sociales del municipio habían contactado con la familia para tratar de ganarse su confianza y escolarizar al menos al niño de tres años. Colau ha insistido en que el Ayuntamiento se había preocupado de los más pequeños y que la familia no tenía el perfil de las que acuden a la Administración en petición de ayuda.
Colau ha insistido en varias ocasiones en la supuesta responsabilidad de la entidad bancaria, a la que acusa de haberse "desentendido" de los locales que no pudo vender o alquilar antes de abandonar la capital catalana. En los bajos había funcionado una sucursal de Evo Banco, propiedad en la actualidad de Bankinter y dedicado a la banca digital.
Barcelona es según diversos estudios la provincia española donde el fenómeno okupa es más acusado. Según datos de Interior, en 2019 se produjeron más de cinco mil ocupaciones ilegales en un contexto marcado por el discurso podemita comprensivo con el fenómeno.