El Partido Popular "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada "acción exterior". Es decir, el destino de recursos públicos para promocionar su acción política independentista en el extranjero durante los ejercicios 2011 y 2017.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital aseguran que el líder del PP, Pablo Casado, "tuvo conocimiento" de que la instructora de esta causa en el citado tribunal, Esperanza García, iba a rechazar los avales de la Generalidad para cubrir a los golpistas. Por ello, el líder popular "aceleró la negociación" y el pasado miércoles 13 de octubre, ofreció en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovar los órganos constitucionales. Entre ellos, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial CGPJ. La celeridad de la propuesta del líder popular sorprendió a muchos.
Tal y como se le había informado al propio Casado, al día siguiente de su ofrecimiento a Sánchez el Tribunal de Cuentas rechazaba el aval de la Generalidad y anunciaba el embargo a 28 dirigentes independentistas de un total de 5,4 millones de euros.
"Desactivar al Tribunal de Cuentas era una exigencia de ERC para pactar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno. Lo que se desconoce es por qué los populares se han prestado a participar en este golpe institucional. Nadie entiende la decisión de Casado de desactivar el Tribunal de Cuentas cuando tenía a los independentistas contra las cuerdas", denuncian.
Cabe destacar que el pacto alcanzado por socialistas y populares contempla la renovación de 10 de los 12 consejeros del tribunal. Concretamente, salen los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubre la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se mantienen son dos de las propuestas en su día por los socialistas Enriqueta Chicano y Dolores Genaro, y el que fuera fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, que ahora desempeñará su labor como consejero, Miguel Ángel Torres.
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que en el golpe al Tribunal de Cuentas "es clave" el cese de la que fuera ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante. Esta magistrada se iba a encargar de enjuiciar el citado caso de el 1-O y su "acción exterior". Tras la renovación pactada por socialistas y populares, Mariscal de Gante era sustituida por Elena Hernáez, expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y propuesta como nueva consejera de este órgano por el Partido Popular.
La nueva consejera también propuesta por los populares, Rebeca Laliga, exsubdirectora General del Notariado y de los Registros, presidirá la Sección de Enjuiciamiento de la causa junto a Rosario García, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid propuesta por el PSOE, y Diego Iñíguez, exjefe de Gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también a propuesta de los socialistas.
Por otro lado, previsiblemente la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombre al fiscal progresista Carlos Castresana como nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, en sustitución de Miguel Ángel Torres.
Fuentes del PP consultadas por este diario desmienten oficialmente esta información y aseguran que es "falso".
Poco probable que se juzguen los hechos
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que todos estos movimientos "alejan las posibilidades y complican mucho" que los golpistas sean juzgados en el Tribunal de Cuentas por el 1-O y su "acción exterior".
"Ahora las partes personadas en este procedimiento deben presentar demanda para que la causa cuya instrucción ha finalizado pueda ser finalmente juzgada. Se espera que la Fiscalía no presente acusación con el nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas nombrado por Delgado, mientras la Abogacía del Estado ya está fuera de la causa", afirman.
Cabe destacar que los denunciantes del caso, Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución, sí presentarán demanda para juzgar los hechos. Sin embargo, no se descarta que los golpistas planteen ante el propio Tribunal de Cuentas que los citados denunciantes "no tienen legitimación para denunciar", el tribunal lo acepte y se entierre definitivamente la causa.