Marina tenía 18 años y toda una vida por delante. El pasado 12 de abril, sin embargo, su pareja la asesinó a puñaladas después de meses de maltrato físico y psicológico. El caso consternó a la localidad granadina de Motril, pero, a pesar del ensañamiento y de la corta edad de la víctima, no copó grandes titulares en la prensa nacional. La ministra de Igualdad, Irene Montero, tampoco se hizo eco del crimen para denunciar la violencia contra las mujeres.
¿Qué lo diferenciaba de todos cuantos condena a través de sus redes sociales? Simple y llanamente que el verdugo de esta joven no era un hombre, sino otra mujer. "¿Va a condenar usted este crimen? ¿O como la víctima fue asesinada por otra mujer carece de importancia?", la increpaban en su cuenta de Twitter. Su silencio no hacía más que confirmar la invisibilidad de estos crímenes.
Un agravio que frena las denuncias
Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las asociaciones de gays y lesbianas lamentan que este tipo de delitos sigan sin enmarcarse en la Ley de Violencia de Género. "Los distintos gobiernos, y sobre todo los gobiernos de izquierda, se han negado a tocarlo porque dicen que esto es para defender a la mujer de la violencia ejercida por el hombre y punto", denuncia en conversación con Libertad Digital Guillermo Rodríguez del Valls, portavoz de la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS).
Esta realidad no sólo deriva en una falta de consideración, sino que evita condenas mayores para las agresoras y genera un problema añadido y especialmente preocupante: "Nos hemos encontrado con que hay muchas mujeres lesbianas que no se atreven a denunciar, porque la ley no les ampara en el sentido de darles la misma protección que recibe una mujer maltratada. Es decir, no tienen derecho a los pisos de acogida, no tienen derecho al seguimiento... Entonces no se atreven a dar el paso".
El intento frustrado de recabar el testimonio de varias víctimas en primera persona no viene sino a demostrar esa reticencia de muchas mujeres homosexuales a contar su historia. Junto a la falta de respaldo legal, sienten que, socialmente, la violencia ejercida por una mujer sobre su pareja no tiene la misma consideración que la que ejerce un hombre. Así, denuncian que en muchos casos tienen que soportar cómo la gente de su propio entorno resta importancia al maltrato al que son sometidas, considerándolo una simple pelea entre chicas.
Ni ley ni estadísticas
Ante esta situación, las asociaciones de gays y lesbianas reclaman al Gobierno que contribuya a sensibilizar a la población. "A nivel estatal no existe ninguna regulación que proteja a las personas maltratadas dentro de las parejas intragénero", lamenta Rodríguez del Valls, que asegura que, aunque distintas comunidades autónomas han ido aprobando diversas leyes en los últimos años, "ninguna de ellas se está aplicando a día de hoy, porque no están desarrolladas".
Es más, la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales denuncia que ni siquiera existe algún registro o estadística sobre la violencia en las parejas homosexuales. De ahí, que las distintas asociaciones la hayan bautizado ya como la violencia invisible.
La exigencia al Gobierno
"A pesar de que hemos recibido mucho cariño por parte de nuestros vecinos y amigos, nos hemos sentido muy abandonados por las instituciones", denunciaba este verano Xiomara, la prima de Marina. Se dirigía al Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigía un cambio legislativo de manera urgente.
Su alegato es el que hoy enarbolan todas las asociaciones LGTB: "Existe un trato desigual entre víctimas de violencia de género y víctimas de violencia intragénero, una realidad que necesita ser visible y que exige una respuesta a nivel jurídico para evitar situaciones injustas y de riesgo para las víctimas que actualmente se encuentran desamparadas".