La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha negado a dar explicaciones sobre el caso del fiscal Ignacio Stampa y la actuación del despacho de su pareja Baltasar Garzón en el caso Villarejo durante la celebración del Consejo Fiscal de este miércoles.
Tal y como desveló este diario, Stampa presentó una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia de Pilar Llop denunciando presuntas "irregularidades" cometidas por Delgado en el marco del procedimiento penal abierto contra él en la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos. Dicho caso fue finalmente archivado de forma contundente. Stampa relataba en dicha reclamación que la fiscal general ordenó investigar una denuncia presentada por su pareja Baltasar Garzón y que posteriormente, el Ministerio Público eliminó las pruebas de su intervención. El fiscal también denunció que la propia Delgado se negó a entregarle las comunicaciones que fueron "desglosadas" del procedimiento y que recogían las órdenes de Delgado a través de su mano derecha, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.
Un comunicado emitido por la Asociación de Fiscales (AF) tras la reunión del Consejo Fiscal señala que "los consejeros electivos del Consejo Fiscal a propuesta de la Asociación de Fiscales, somos conscientes de la preocupación generalizada de toda la Carrera por los últimos acontecimientos que están dañando su imagen y a la propia Institución, por la falta de credibilidad ante la opinión pública de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado. Su exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la Institución son la raíz del problema. Como órgano de representación de toda la Carrera, democráticamente legitimado por elección de todos los miembros que la conforman, los vocales electivos de la Asociación de Fiscales compartimos dicho sentir y mostramos nuestra preocupación".
"El intento de centrar la cuestión", añade, "en el nombramiento para un cargo determinado de una persona determinada, sobre el que no se pregunta y ni siquiera ha sido recurrido por el interesado, no conduce a nada. El debate se centra, y es lo que verdaderamente interesa a la opinión pública, en aclarar las graves acusaciones que se realizan contra la Excma. Sra. Fiscal General del Estado".
Por todo ello, la AF ha solicitado a Delgado la siguiente información
1. Información por escrito de abogados intervinientes en las D.P 96/17 del juzgado central de instrucción nº 6, Fiscales encargado de su llevanza desde su incoación y si el despacho del Sr. Garzón ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados.
2. Diligencias de Investigación núm. 32/20, junto con cualesquiera piezas separadas, expedientes o documentación relacionada o desglosada de ellas.
3. Expediente o expedientes disciplinarios incoados contra el Sr Stampa, en tramitación o ya archivados.
4. Expediente de abstención de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado con relación a las Diligencias de investigación aperturadas o expediente disciplinario, de existir. Ello se solicita pues consideramos que la Excma. Sra. Fiscal General de Estado debió abstenerse en las diligencias de investigación incoadas contra el Sr. Stampa por ser parte afectada (artículo 15.2 del Reglamento Interno del Consejo Fiscal).
Según la AF, "se nos ha denegado dicha información, alegando que se trata de materia reservada. Consideramos que la materia no se puede considerar reservada, por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado- único al que puede afectar- ha solicitado su exhibición".
"Nos vemos pues obligados a reproducir dicha petición por escrito. Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal, no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones. A mayor abundamiento consideramos que la Excma. Sra. Fiscal General del Estado no puede adoptar dicha decisión, ni intervenir en los debates por impedirlo el artículo 15.2 del Reglamento de régimen interior", concluye la AF.