Los consejeros de Educación y de Cultura de la Generalidad, los republicanos Josep Gonzàlez-Cambray y Natàlia Garriga, han comparecido en rueda de prensa para dar cuenta del rechazo por parte del Tribunal Supremo del recurso de la administración autonómica contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en la enseñanza pública en español.
El TSJC sentenció el pasado mes de diciembre que el 25% de los contenidos educativos se debían impartir en español. El fallo fue recurrido por la Generalidad para detener la ejecución de la sentencia. Ahora, el Tribunal Supremo ha decidido rechazar el recurso del departamento de Educación de la administración autonómica.
Y es que fue el propio Tribunal Supremo el que en 2015 ordenó que las escuelas catalanas debían impartir al menos el 25% de las materias en español y que incluyeran además algunas asignaturas troncales, no sólo las dedicadas a esta lengua.
Gonzàlez-Cambray ha recurrido a todos los mantras lingüísticos del nacionalismo para descartar de plano el cumplimiento de la sentencia. Así, ha declarado que "en Cataluña, la escuela, en catalán", "esto no va de porcentajes", "ningún juez impondrá el uso de una lengua" y que los centros escolares no tendrán que hacer cambios para adaptarse a la sentencia.
También ha asegurado que en los últimos años sólo ochenta familias han reclamado la escolarización de sus hijos en español, dato que oculta la presión social que ejerce el separatismo en las asociaciones de padres y en las direcciones de los centros.
Además, ha asegurado que con el actual sistema de inmersión lingüística en catalán todos los alumnos salen de la escuela catalana sabiendo hablar y escribir en los dos idiomas oficiales. No obstante, ha alertado ante una supuesta emergencia lingüística por el descenso del uso del catalán en las escuelas.
Hace sólo unas semanas, ambos consejeros presentaron una supuesta encuesta en la que se apreciaba un descenso del uso del catalán en los centros educativos incluso entre los profesores. Dicha encuesta dio pie a un plan de vigilancia lingüística con el concurso de "grupos impulsores" para velar por la exclusividad del catalán en las escuelas.
Por su parte, la consejera de Cultura ha anunciado reuniones con todas las entidades lingüísticas y educativas del separatismo para preparar una respuesta conjunta.
Reacciones en cadena
La decisión del Tribunal Supremo ha provocado una reacción en masa de los partidos y dirigentes separatistas. La CUP ha pedido "firmeza y unidad" en defensa del modelo de inmersión lingüística en las escuelas públicas y concertadas. La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Parlament, Mònica Sales, ha declarado que el rechazo al recurso supone "una imposición intolerable" mientras que ERC ha asegurado que el modelo educativo "no se toca".
El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha aprovechado la resolución del Supremo para criticar veladamente al Gobierno. "Esta es la España del recuentro" ha manifestado en tono sarcástico en Twitter. En principio, el revés judicial a la Generalidad no afecta al apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque el partido republicano aprovechará la sentencia para redoblar sus exigencias lingüísticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El líder de ERC, Oriol Junqueras, aspira a tener el control absoluto de la política lingüística para excluir por completo el español de los planes de estudio, desde la educación primaria hasta la universitaria.
La lengua es en estos momentos la prioridad del separatismo para mantener en alerta a sus bases y cultivar el victimismo y la "cultura" de los supuestos agravios del Estado contra el "pueblo catalán". La resolución judicial les servirá como munición en su campaña de agitación permanente.
Que se cumpla la sentencia
Las entidades en favor de la inclusión del español en los planes educativos en Cataluña han manifestado que exigirán al Gobierno el cumplimiento de la sentencia. Así, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha señalado a través de un comunicado que pedirán la ejecución de la sentencia y reclaman a las autoridades autonómicas que no jueguen a la confrontación y acaten la legalidad.
Nota de la AEB
En la nota acusan a los dirigentes nacionalistas de tergiversar la realidad: "No hay persecución al catalán. Los discriminados son aquellos que quieren estudiar en un modelo bilingüe con la presencia equilibrada del castellano y del catalán y no pueden hacerlo porque los nacionalistas anhelan un imposible, cambiar los usos lingüísticos de los ciudadanos e imponer la lengua catalana como lengua común de Cataluña. El modelo que vienen aplicando es totalitario, se basa en la asimilación No está amparado en ninguna normativa. La Constitución y los Tratados firmados por España obligan a escolarizar en las lenguas minoritarias o regionales a sus hablantes, pero no avalan la erradicación de la lengua mayoritaria de los otros hablantes de un territorio".
Preocupación en Hablamos Español
Por su parte, la entidad Hablamos Español ha destacado que "nuestra asociación se ha hecho cargo de la defensa jurídica de las familias que querían aprovechar ese 25% que por ley les corresponde. Por propia experiencia sabemos lo difícil que es para las familias dar ese paso y hemos vivido directamente las presiones que se sufren en el ámbito escolar por este motivo. Por ello, nos preocupan y nos indignan las declaraciones del Consejero de Educación de la Generalidad de Cataluña, Josep González-Cambray, amenazando con no acatar la sentencia. No se puede seguir sometiendo a las familias a presiones y humillaciones para poder reclamar, no ya una educación plena en la lengua materna de sus hijos, sino ese pequeño porcentaje que solo se consigue ahora tras un periplo por los tribunales. Por todo ello, la presidente de Hablamos Español, Gloria Lago se ha dirigido al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo hacemos responsable si se permite que esta situación de discriminación y merma de derechos que sufren tantas familias hispanohablantes en Cataluña continúa, es decir, si no atiende su obligación de hacer cumplir las sentencias firmes".