Los problemas siguen acumulándose en el Ministerio de Interior. Si el equipo de Fernando Grande Marlaska no tenía suficiente con el incendio que ha causado la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que provocará dos actos de protesta en las próximas semanas, incluida una gran manifestación en Madrid, ahora se une un problema que lleva enquistado desde hace años y que no han querido solucionar: el quemazón que acumulan los funcionarios de prisiones.
Los sindicatos de prisiones llevan años reivindicando un aumento salarial que les equipare a sus colegas catalanes, el aumento de medidas de seguridad para evitar las agresiones de los presos, la restitución de la autoridad de los funcionarios sobre los internos, la reclasificación de los niveles funcionariales, la recuperación del 100 por cien de las pagas extras o nuevas ofertas de empleo públicos que palien la alarmante falta de personal en las cárceles, entre otros asuntos.
La situación ha dado un salto cualitativo este martes. El presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, y el responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, han aprovechado una reunión de la mesa delegada de este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, para quedarse encerrados en el interior del inmueble como "medida de presión y para desbloquear las negociaciones" con el equipo de Fernando Grande Marlaska.
En un comunicado conjunto, ambos sindicatos recuerdan que Grande Marlaska se vanaglorió en público de haber resuelto al llegar a Interior el problema de los sindicatos de prisiones, a los que se encontró encerrados en Instituciones Penitenciarias cuando llegó al departamento, por lo que "tres años después, los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF vuelven a encerrarse en Instituciones Penitenciarias para mostrar el hartazgo ante la situación generada por esta administración".
"Las relaciones entre trabajadores y administración se han deteriorado de tal manera que hemos tenido que volver al punto de partida", explican ambos sindicatos, que piden el cese de los gestores de Instituciones Penitenciarias -empezando por el director general, Ángel Luis Ortiz-, a causa "de la mala fe" que está demostrando en las negociaciones que han intentando abrir los sindicatos y de "la deriva de la institución".