El Gobierno ha acordado este martes conceder el indulto parcial a Juana Rivas, condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. El Ejecutivo reduce esa pena a la mitad: un año y tres meses.
¿Qué consecuencias prácticas tiene este indulto? Para empezar, al tratarse de una pena inferior a dos años la ejecución de la misma podría quedar en suspenso; es decir, podría no entrar en prisión. Será el juez de lo Penal de Granada, que dictó la primera sentencia condenatoria, el que tenga la última palabra, pero la suspensión del ingreso efectivo en prisión es prácticamente automática en las penas inferiores a dos años.
La pretensión del equipo jurídico que defiende los intereses de Juana Rivas es volver a pedir a este juzgado la suspensión de la pena atendiendo a este indulto y que actualmente cumple en un Centro de Inserción Social (CIS) de la capital granadina.
El indulto también afecta a la retirada de la patria potestad sobre los dos hijos que se llevó de Italia a España pese a que estaban bajo custodia de su padre. Rivas recupera la patria potestad, ya que esa pena de seis años de inhabilitación especial se sustituye por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
Sus abogados pretenden "hacer valer" esta medida de gracia ante la justicia italiana, donde este viernes quedará visto para sentencia el proceso civil que se sigue en la Corte de Apelación de Cagliari por la custodia de los niños, después de que en 2019 se le concediera en exclusiva al padre, el italiano Francesco Arcuri, y ella apelara.
A lo que no afecta el indulto es a la indemnización que se le impuso en la condena. Rivas tendrá que pagar 12.000 al padre de los niños y las costas del procedimiento judicial.