Una enmienda a la ley de Memoria Democrática de los socios del Gobierno propone la supresión del título de rey y los privilegios que del mismo se derivan "habida cuenta que fue otorgado", dicen, "por un régimen ilegal".
Así lo suscriben los grupos parlamentarios Republicano, JuntsxCat, CUP, PDeCAT, EH-Bildu y BNG del Congreso en enmiendas conjuntas al proyecto de ley de Memoria Democrática.
En concreto, se han consensuado cinco textos que resumen las exigencias compartidas y, en la que hace referencia al rey, precisan que la jefatura del Estado fue institucionalizada por Franco sin que se sometiera a referéndum para que los ciudadanos pudieran escoger la forma de Estado, obviando entre otras cosas la aprobación de la Constitución Española en 1978.
Estos grupos piden también derogar diversas disposiciones de la ley de Amnistía de 1977, para evitar seguir "perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad".
Daños por enseñar en español
Añaden que la preeminencia de la verdad y el derecho a que se haga justicia efectiva ha forzado a instituciones y familias a abrir procesos penales en otros países a tenor de la imposibilidad de hacerlo en territorio del Estado.
Otra de las enmiendas hace referencia a que durante el franquismo se intentó la armonización identitaria prohibiendo la enseñanza en lengua que no fuera el español, así como las publicaciones y su uso en cualquier situación y quieren que se reconozca y repare el daño causado a la cultura por motivos políticos durante el régimen.
La comisaría de Vía Laietana
En otro de los textos señalan que durante la guerra y la posterior dictadura el régimen incautó bienes y patrimonio de los ateneos y asociaciones culturales y otras personalidades jurídicas y que debe establecerse un mecanismo para el reconocimiento y reparación del espolio al que fueron sometidas tales instituciones.
En relación con la devolución de la titularidad y musealización de edificios emblemáticos y símbolos de la lucha antifranquista, reclaman la restitución de la titularidad de las dependencias de la Prefectura superior de policía de Via Laietana de Barcelona a la Generalidad de Cataluña así como el Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián.