Policías y guardias civiles olvidan sus diferencias y pactan dos actos de protesta contra Marlaska

Los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil estaban de acuerdo en la necesidad de movilizarse en las calles contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que está elaborando el Gobierno. Sin embargo, las diferencias entre estos actores estaba poniendo en peligro la unidad de acción y amenazaba con la formación de dos bloques diferenciados.

Uno de los bloques apostaba por la celebración de concentraciones en toda España, antes las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, el próximo miércoles 24 de noviembre. El otro, la convocatoria de una gran manifestación en Madrid dos días después, el sábado 27. A esta última, por ciento, confirmó su presencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a finales de la pasada semana.

Tras varios días de negociaciones, este lunes se ha confirmado que las diferencias entre ambos bloques han quedado limadas y que los principales representantes de policías y guardias civiles apoyarán los dos actos de protesta contra el texto que está elaborando el Gobierno de Pedro Sánchez y cuyas filtraciones a los diarios afines al Ejecutivo han alarmado a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Consciente de la situación que se le venía encima, Fernando Grande Marlaska intentó frenar el incendio en el Ministerio del Interior convocando uno a uno, en la sede de su departamento, a los principales sindicatos y asociaciones de estos cuerpos. Pero la realidad es que la situación estalló pocos minutos después de que el primero de ellos, JUPOL, pasara por la sede ministerial.

En ambos cuerpos coinciden en que algunos de los puntos filtrados van a entorpecer gravemente el trabajo de los agentes e, incluso, les pueden convertir en los grandes víctimas Se trata de cambios como el de no penalizar la distribución de imágenes de los agentes que son grabadas por terceros, el permiso para celebrar manifestaciones espontáneas sin comunicación previa o reducir las multas relacionadas con incidentes violentos en función de los ingresos del infractor.

También ven un problema la limitación del material antidisturbios que se puede emplear en caso de algaradas callejeras, el hecho de que tengan que devolver en menos de dos horas al punto inicial a una persona llevada a comisaría porque no lleva identificación, además de la desaparición del principio de veracidad de los agentes en los atestados que realizan, lo que creen que va a destruir lo poco que queda del principio de autoridad de los agentes.