El Ministerio de Educación eliminará este mismo año los exámenes de recuperación, que se venían realizando en los meses de junio y julio en lugar de septiembre, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), porque tiene que cumplir con el dictamen emitido por el Consejo Escolar del Estado sobre esta cuestión, han explicado a EFE este viernes fuentes del departamento de Pilar Alegría.
En consecuencia, no se aplicará la moratoria de un año a la que se había avenido la ministra de Educación tras recibir peticiones de distintas comunidades autónomas de mantener durante este curso académico dichas recuperaciones.
"La recomendación especial" del Consejo Escolar del Estado es de obligado cumplimiento y exige eliminar la disposición transitoria quinta, donde se preveía aplazar la eliminación de estas pruebas, han segurado las fuentes. La argumentación se basa en que no puede haber diferentes criterios según qué territorio autonómico.
La eliminación de los exámenes de recuperación viene recogida en el futuro real decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, según las fuentes ministeriales. El real decreto establece que las decisiones sobre promoción y evaluación de la ESO serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente, sin que sea obligatorio realizar una prueba extraordinaria o examen de recuperación de las materias no superadas, que sí tendrán que realizar los alumnos de Bachillerato.
Estipula asimismo que la evaluación en la ESO será "continua, formativa e integradora" y que cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo. Así las cosas los estudiantes pasarán de curso cuando el profesorado considere que las asignaturas no superadas no les impiden seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación. Obtendrán el título de ESO los alumnos que hayan adquirido, a juicio de los docentes, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa.
El objetivo de la ley Celaá es evitar la repetición
La última ley educativa (Lomloe) modifica de forma significativa cómo se regula la evaluación, la promoción y la titulación y concede una especial relevancia a la actuación colegiada del equipo docente, a quien se otorga la responsabilidad última de la decisión de pasar de cursos y obtener la titulación. La ley Celaá pone el foco en los mecanismos de refuerzo. Por ello dispone que la permanencia en un mismo curso debe ser algo excepcional que solo se podrá adoptar una vez durante la primaria y dos veces como máximo durante la enseñanza obligatoria.
Precisamente, uno de los objetivos de este nuevo real decreto de desarrollo de la Lomloe es evitar la repetición (España triplica la tasa de la OCDE).
Madrid: caos e improvisación
La Consejería de Educación de Madrid ha tachado este viernes de improvisación, caos y desorden esta decisión del Ministerio de Educación. Y es que Madrid, Galicia y otras comunidades del Partido Popular habían solicitado una moratoria de un año para aplicar la medida del futuro real decreto sobre titulación y promoción en la enseñanza, que preveía el fin de estos exámenes en la ESO.
La ministra Pilar Alegría se hizo eco de estas peticiones e introdujo en la norma la posibilidad de una moratoria de un año en su implementación, pero ahora ya no será así. La recomendación del Consejo Escolar es de carácter "esencial", por lo tanto obligatorio.
Según fuentes de la Consejería de Enrique Ossorio, esta cuestión es un "ejemplo más del caótico y desordenado desarrollo que está teniendo" la Ley Celaá, la norma "más dañina en la Historia de la Educación en España".
Murcia: es "inadmisible"
La consejería de Educación y Cultura de Murcia ha considerado "inadmisible" la "improvisación" del departamento que dirige Alegría. En una cuestión tan relevante que afecta a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, "no es admisible la falta de planificación" del ministerio, han afirmado fuentes de la misma.
Para la consejería murciana, este "cambio de criterio", una vez anunciada la medida por Alegría, demuestra la "improvisación" del Gobierno central y la "ausencia de seguridad jurídica" de las decisiones que están tomando al respecto.
Galicia reclamará su retirada
La Xunta de Galicia va a reclamar al Ministerio de Educación y Formación Profesional que retire el proyecto de real decreto de evaluación y promoción a través del que pretende eliminar las pruebas en este curso. Ve necesario que el ministerio desista de la puesta en marcha de este decreto que es, como la reforma educativa en su conjunto, una medida "en contra de la cultura del esfuerzo y de la calidad educativa y a favor del aprobado general".
Recuerda la Xunta que en este curso aún se están aplicando los currículos de la anterior ley educativa, "lo que incrementa la contradicción y las incertidumbres en la comunidad educativa", indica, al tiempo que agrega que "es inviable y completamente injusto para el alumnado hacer este cambio en el transcurso del año académico, cambiando las reglas de juego establecidas".