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Doscientos profesores denuncian la sumisión al "nacional-catalanismo" en las universidades

Que se condene la violencia contra los constitucionalistas, se respete el bilingüismo y que los rectores separatistas no hablen en nombre de todos.

Que se condene la violencia contra los constitucionalistas, se respete el bilingüismo y que los rectores separatistas no hablen en nombre de todos.
Alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona. | Flickr/CC/Fotomovimiento

La plataforma Universitaris per la Convivència, que reúne a más de 200 profesores de todas las universidades catalanas, reclama a la Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) que los rectores separatistas dejen de pronunciarse políticamente en nombre de todos, que se condene la violencia contra los estudiantes constitucionalistas y que se respete el bilingüismo existente en la sociedad catalana y el uso del español en la docencia.

En una dura carta emitida a la ACUP, los profesores denuncian que la libertad ideológica y la de expresión de profesores y alumnos están siendo lesionadas de manera continuada "por las declaraciones institucionales de contenido partidista emitidas por los órganos de gobierno y de representación de nuestras universidades, y por la propia ACUP. Así lo han establecido los tribunales en reiteradas ocasiones: tres universidades catalanas (la UB, la UPF y la UOC) han sido ya condenadas en sede judicial en los dos últimos años por esta razón y otra más (la UAB) lo fue por violar esos mismos derechos de un grupo de estudiantes constitucionalistas, al negarse injustificadamente a inscribir su asociación en el Directorio de colectivos. En la misma línea se ha manifestado también el Defensor del Pueblo en una resolución inequívoca y centenares de docentes catalanes y del resto de España en cartas y manifiestos promovidos por el Foro de Profesores".

Ataques a estudiantes constitucionalistas

Estos docentes también denuncian la grave vulneración de la libertades de reunión y de manifestación "por la pretensión de ciertos sectores del movimiento estudiantil de monopolizar el espacio público universitario, expulsando de él a todos los que piensan de otro modo. Esta pretensión, que no es exagerado calificar de totalitaria, se puso una vez más de relieve en los sucesos que tuvieron lugar en la UAB el pasado 6 de octubre, cuando un numeroso y violento grupo de estudiantes hostigó durante horas a otro grupo, mucho menos numeroso, que pacíficamente trataba de dar a conocer sus ideas, hasta que, por fin, y por la fuerza bruta, destrozaron su carpa. La intención era clara: tratar de amedrentar y de acallar, una vez más (y ya van muchas), a los estudiantes de S’ha acabat. Defender en público ideas democráticas básicas como el imperio de la ley o la igualdad ciudadana no es tarea fácil en los campus catalanes". Los profesores lamentan también al respecto que los rectores no hayan considerado oportuno condenar las agresiones constantes que sufren los estudiantes constitucionalistas.

Otro de los pasajes de la dura misiva alude a la libertad lingüística, de la que apuntan que está en grave peligro por la pretensión de los rectores y de grupos de estudiantes independentistas de imponer el catalán a toda costa. Los firmantes de la carta apuntan que "durante décadas, alumnos y profesores nos hemos expresado con plena libertad en las aulas en castellano y en catalán. Nadie podrá acreditar quejas razonables y significativas al respecto, porque no las ha habido. Sin embargo, ahora resulta que se quiere crear un problema donde no lo había. En el nombre de los principios de "transparencia" y "seguridad" lingüística, se fomenta la delación y la investigación, en definitiva, la intimidación de quienes se atreven a usar en clase, siquiera sea puntualmente y en atención a sus alumnos, una lengua distinta de la anunciada".

Defensa del español en las aulas

Estos profesores hacen una encendida defensa del español, que definen como lengua mayoritaria de los catalanes y que junto al inglés "nos permite la comunicación científica y académica nacional e internacional; la que, hay que repetir, convive con la lengua catalana sin más problemas que los que crean las autoridades. Es, además, la lengua que abre nuestras universidades al mundo hispanoamericano, del cual proviene buena parte de nuestros estudiantes de postgrado, y la que atrae a Cataluña a miles de estudiantes europeos cada año".

Así, se oponen al propósito de que el 80% de las clases se imparta en catalán ya que "sería gravemente lesivo para nuestras universidades, porque las aislaría de las del resto de España y del mundo. ¿Es eso lo que pretenden? De nuevo: ¿es esa intención la que les guía o es, más bien, el miedo al poder político o la connivencia con su proyecto de construcción nacional? Un proyecto que, en lo que atañe a la universidad, es contrario a su ecumenismo laico y racional, a su vocación superadora de particularismos y prejuicios.

Desde luego, algunas de nuestras universidades figuran entre las más valoradas internacionalmente de entre todas las españolas. Ese es un mérito de todos, también de ustedes, pero esa valoración tan positiva depende de que seamos capaces de mantener su carácter abierto y plural, del que también han de participar nuestros usos lingüísticos".

Usos franquistas

Los profesores concluyen su carta alertando del riesgo de la sumisión al nacional-catalanismo en los siguientes términos: "En su día, la dictadura franquista intentó poner a todas las universidades españolas al servicio de la causa del nacionalcatolicismo, y no fueron sus rectores quienes lo impidieron, sino que se prestaron a garantizar la sumisión de la universidad al poder.

Una sumisión que tanto daño infligió a la salud cultural y política de varias generaciones y que puso a nuestras universidades a la cola de las del resto de Europa. Hoy, en Cataluña, el poder aspira a un semejante atropello, el de convertir a la entera universidad catalana en un eslabón más de la cadena con la que pueda someter a toda la sociedad a la causa del nacional-catalanismo. El precio, ya lo estamos viendo, es el de sacrificar las libertades públicas de los que discrepan de esa causa".

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